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El martes por la mañana leí el reporte que la organización ciudadana Semáforo Delictivo nos ofrece, para dar a conocer que durante el primer trimestre de 2016 el índice de secuestros a nivel nacional se redujo en nueve por ciento (EL UNIVERSAL, 26/04/16). Sin duda alguna, el papel de la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase) ha sido relevante para ello.
Siendo uno de los delitos de alto impacto que más nos afecta, uno no puede dejar de sentir un poco de alivio, considerando que este tipo de casos se cuentan por miles durante los últimos años y que siempre vienen acompañados de una ofensiva carga de dolor, rabia e indignación entre las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, el entusiasmo y esperanza de que pronto podríamos abatir la práctica de este aberrante delito se difuminaron casi al instante al recordar que días antes, el 18 de abril, mi amigo Nelson Vargas denunció que Isidro Solís Molina, El Chilo, secuestrador y asesino confeso de su hija Silvia, había sido liberado mediante un proyecto de sentencia emitido por el Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca.
Esta situación, también fue denunciada por José Antonio Álvarez, otra de sus víctimas, quien además enfrentó la desdicha de encontrar a este criminal caminando libremente por las calles de la ciudad, cuando la última noticia que tuvo del también integrante de la banda Los Rojos, es que había sido condenado a 34 años y seis meses de prisión, al encontrársele culpable y confeso de su secuestro.
Preocupa y ofende advertir que se multiplican los casos en que nuestros jueces y magistrados otorgan la libertad a peligrosos delincuentes, mediante artilugios que ponen en duda la eficacia con que debería operar un sistema de procuración y administración de justicia que ha sido recientemente reformado para operar con transparencia y probidad, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, de sus familiares y también, pero nunca en primer lugar, de los delincuentes.
Apenas el mes pasado llamábamos la atención sobre la liberación de los secuestradores y asesinos del joven empresario Damián González del Río, quienes fueron liberados por el Juez Segundo Penal de Monterrey aduciendo, ¡para colmo de nuestros males!, errores en las investigaciones ministeriales que condujeron a su captura y sentencia.
Hoy lo hacemos con el caso de Silvia Vargas, compartiendo el dolor, rabia e indignación de sus familiares y amigos.
No se pueden revolver leyes y criterios en beneficio de los criminales al amparo del debido proceso, o qué, ¿tendremos en el país un debido proceso aunque el proceso sea indebido?
Por el bien del país, miremos el bosque y no sólo el árbol, que no se defienda el debido proceso sin mirar la irresponsabilidad de los jueces que bajo su amparo, eliminan todas las pruebas violentando otros principios fundamentales como la valoración individual de cada prueba. El uso excesivo de formalismos (y eso sí que es a criterio de cada juez) para desechar de tajo y de manera irrazonable todas las pruebas, aunque sean indubitables, es una aberración y una irresponsabilidad ética y profesional que debe reconocerse y corregirse de manera urgente.
¿Qué ceguera tienen aquellos que defienden el debido proceso sin mirar la actuación de los jueces, la revictimización de la víctima y el daño social que se ocasiona al poner en libertad a quienes tanto han dañado a la sociedad?
Mirar el bosque no sólo el árbol que les viene a modo.
Si la defensa a ultranza del debido proceso tiene su razón de ser en la justicia y los derechos humanos, ¿dónde quedan esos sustentos cuando se libera a estos asesinos? ¿en dónde queda la justicia para la víctima y sus derechos humanos? ¿en dónde está el criterio y el sentido común de esos jueces? En el caso de Silvia Vargas y de Damián González del Río simplemente no los hay. Sólo persiste una indolencia que no podemos ni debemos permitir.
No es sentimentalismo, no sólo es el corazón dolido de un padre o de una madre el que habla, es el sentido común para darse cuenta de que existen jueces y juristas que defienden la justicia a través de actos injustos y visiones parciales. Esa, no es justicia. Esos, no son derechos humanos.
Volvamos la mirada al origen de la ley y de la justicia: la persona; y pongamos efectivamente en primer sitio a las víctimas que, tanto y tan pronto, se les van olvidando.
Presidente y fundador de México SOS
