A ochenta días de que venza el plazo constitucional para que inicie la implementación general del nuevo sistema de justicia penal, quedan algunas tareas por realizar y el tiempo apremia para darles cabal cumplimiento.
Dentro de las tareas por realizar está la aprobación de un paquete de leyes que constituyen una parte fundamental para su adecuada operación, entre las que destacan la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes (por mencionar las más importantes), su alineación con las leyes estatales, la construcción y/o adecuación de infraestructura operativa en los estados (como las salas de juicios orales), así como la capacitación y profesionalización de los distintos cuerpos policiales que operan en el país.
Si bien es de reconocer los importantes esfuerzos que se han realizado a lo largo de los últimos ocho años para transformar nuestro sistema de procuración de justicia con apego al principio de presunción de inocencia y el respeto al derecho de las víctimas y de los imputados, no podemos dejar de exhortar al Congreso de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a todos los actores sociales y políticos involucrados en la consolidación de este proceso histórico, a renovar esfuerzos para impulsar la aprobación de las leyes faltantes y apoyar, desde el ámbito que a cada uno le corresponda, la realización de las tareas que urge concretar.
Particularmente si consideramos el largo trayecto que falta para concluir con la capacitación de los cuerpos policiacos y de seguridad pública a nivel nacional, quienes para operar adecuadamente deben y deberán realizar sus labores con apego a la normatividad establecida. Como sabemos, los cuerpos policiales y de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno constituyen el primer eslabón del nuevo sistema de justicia y, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución, deben realizar las tareas de prevención de los delitos, su investigación y la persecución de los mismos; aplicando en ello los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
No obstante, la falta de capacitación oportuna ha provocado que un número importante de los aproximadamente 350 mil elementos policiacos que existen en el país carezcan de las herramientas técnicas, legales y operativas adecuadas para realizar sus labores con apego a las disposiciones que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Propiciando que en los últimos años se susciten violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados, que han derivado en la liberación de individuos confesos de cometer delitos de diversa naturaleza, incluyendo a integrantes de la delincuencia organizada involucrados en la comisión de delitos de alto impacto o capturados en flagrancia.
Como muchos mexicanos, estoy convencido de que uno de los eslabones más fortalecidos que debe tener el sistema son sus policías. Por esta razón, debemos redoblar esfuerzos para profesionalizar y modernizar a nuestras agrupaciones policiacas, pues si este eslabón se debilita corremos el riesgo de enfrentarnos a problemas de inseguridad más graves de los que hemos vivido hasta ahora.
También, a la par que impulsamos su capacitación y profesionalización para el fortalecimiento y consolidación del nuevo sistema de justicia penal, nos manifestamos porque se mejoren las condiciones laborales como las retribuciones salariales de todos los policías mexicanos, tanto para elevar su eficacia y su eficiencia operativa en el combate a la inseguridad, como para que puedan acceder a mejores condiciones de vida y evitar que con ello caigan en la tentación de unirse al crimen organizado por falta de incentivos y reconocimiento.
Presidente y fundador de México SOS