Durante la administración del presidente Felipe Calderón, se promovió la extinción de dominio como una herramienta para que el Estado pudiera castigar las actividades criminales mediante la expropiación de bienes y recursos de procedencia ilícita. La lógica es simple: el dinero es la “sangre” que circula por las venas de la delincuencia organizada y le da vida. Es su razón de ser, su motor y su objetivo. Arrestar a un delincuente de alto perfil puede ser un golpe temporal para una pandilla criminal. Pero congelarle cuentas bancarias, incautarle dinero en efectivo, y expropiarle propiedades y negocios significa mermar su capacidad para organizar delitos, comprar armas, corromper autoridades o reclutar a más delincuentes en sus filas. Además, la idea de la extinción de dominio tenía un componente de restitución a la sociedad, al buscar que los recursos incautados a los criminales se destinaran a la seguridad pública, a la prevención del delito y a la reparación del daño a las víctimas.
Así, se logró que el Artículo 22 de la Constitución incluyera la posibilidad de que el Estado logre quedarse con los bienes de procedencia ilícita en los casos de delitos contra la salud, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y robo de vehículos. Sin embargo, como sucede muchas veces en nuestro país, del dicho al hecho hubo un enorme trecho. La extinción de dominio está en el papel de la ley, pero las cifras no nos hablan de un debilitamiento importante de los recursos de la delincuencia organizada a favor del Estado. Como ejemplo, baste mencionar algunas cifras.
— Del 2009 al 2015, la PGR sólo le ha quitado al crimen 22 millones 380 mil 100 pesos, 1 millón 961 mil 400 dólares, 61 bienes, 46 inmuebles y dos vehículos.
— La PGR ejercitó desde el 2009 a la fecha la acción de extinción de dominio en 64 ocasiones, de las cuales 43 fueron favorables al interés del Estado, 11 en contra, 2 desechadas, 1 desistimiento y 7 se encuentran en trámite.
— Del 2009 al 20 de julio del 2015 sólo tienen concluido un juicio de extinción de dominio que implicó 700 mil pesos, un bien y un inmueble. Dicho juicio se concretó en 2011 y dos años después se ejecutó el pago.
— El director de Transparencia Mexicana precisó que ante la Convención Internacional de la OCDE la eficiencia del Estado mexicano es de 0.11 para la extinción de dominio, pues no hay casos de corrupción investigados ni sancionados.
— Revistas de negocios y diversos medios de comunicación estiman en más de mil 500 millones de dólares la riqueza de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el tiempo que estuvo preso ¿se realizó algún intento por desarticular las finanzas del Cártel de Sinaloa? ¿Alguien escuchó algo sobre aplicarle la Ley de Extinción de Dominio a este grupo criminal? ¿Cuánto logró quitarle el Estado mexicano a este infame delincuente?
Todo esto nos habla de que la extinción de dominio es, para fines prácticos, o una buena herramienta que la autoridad no sabe usar bien, o una muy mala herramienta que necesita modificarse. Si uno le pregunta a la PGR, la culpa es de la ley. De acuerdo con lo dicho, en un reciente foro en el Senado, por el subprocurador José Guadalupe Medina Romero, el diseño de ley “no le alcanza” a la Procuraduría. “Por el contrario, hemos tenido que recurrir a otros instrumentos legales que nos han dado un tanto más de aprovechamiento en relación con esta herramienta en favor del Estado, como lo es el tema del abandono, una figura que ha posibilitado la incautación de 182 inmuebles”, señaló este funcionario. Varios legisladores apoyan esta idea, y se espera que la Ley de Extinción de Dominio sea parte de la agenda del Congreso en la legislatura que inicia en septiembre.
¿Las cosas pueden ser diferentes? Ahí está el caso colombiano como ejemplo de que sí. El resultado de la aplicación de la extinción de dominio en Colombia ha permitido afectar 49 mil 712 bienes de la delincuencia organizada. De ese total, 18 mil 979 han sido sometidos a procedimiento ante jueces, lo que ha derivado en más de 10 mil bienes asegurados a favor del estado colombiano. Comparado con los 43 en el caso de México, el contraste no puede ser más desalentador.
Tenemos que dejar atrás los pretextos y las justificaciones. La grave situación del país no da espacio a la simulación ni a la elusión de las responsabilidades. Las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que reconocer que ni se está legislando bien, ni se está aplicando bien la ley. Es positivo que en la legislatura que iniciará en unas semanas se revise la Ley de Extinción de Dominio para hacerla más funcional, pero no podemos esperar que el vino viejo tenga mejor sabor sólo por cambiarlo de barricas. Por más perfecta que sea una nueva ley, sin un Poder Judicial con jueces probos y profesionales, sin un Ministerio Público independiente y confiable que haga investigaciones con transparencia y eficiencia, más que a la extinción de dominio, estaremos asistiendo a otro caso de extinción de la justicia. México se merece más.
Presidente y fundador de la organización México SOS.
@MexicoSOS
