Si una institución ha demostrado su compromiso con México en estos años tan oscuros en materia de seguridad y crimen han sido las Fuerzas Armadas. Los avances que se han visto en lugares clave como Tijuana, Ciudad Juárez o Monterrey no se explican sin la intervención decidida del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en labores de seguridad pública. Mientras las autoridades civiles y la sociedad se organizaban para iniciar la indispensable transformación de los cuerpos locales de seguridad, soldados y marinos han puesto su vida en la línea de fuego para defender a las familias de la acción infame de los delincuentes. Por ello, no es extraño que las instituciones militares sigan encabezando las encuestas de confianza ciudadana.
Sin embargo, esto no significa que las Fuerzas Armadas no estén expuestas a costos y riesgos importantes por esta labor tan delicada. De ello están bien conscientes los militares. En mis recorridos por el país, los mandos castrenses me han dejado muy claro que no sólo enfrentan las balas de zetas, templarios, chapos y demás pandillas infames. Enfrentan también el riesgo permanente de que sus tropas cometan una equivocación humana o incurran en un exceso, que lastime a terceros. Enfrentan a autoridades locales que, muchas veces, no se sabe si están del lado de la ley o de la criminalidad. Enfrentan además presiones encontradas de una sociedad que, por un lado, confía en ellos y les pide mayor presencia en las ciudades más lastimadas por la delincuencia, pero que, por el otro, también tiene grupos hipercríticos que vigilan con lupa su actuación, no siempre con buena fe.
En una entrevista reciente, el general secretario Salvador Cienfuegos lo dijo con gran claridad: el Ejército no puede suplir permanentemente las labores de seguridad que competen a las policías de los tres órdenes de gobierno. La reconstrucción de las policías, especialmente en estados y municipios, es una tarea en la que el secretario de la Defensa Nacional “no ve compromisos bien tomados”. El uso de las Fuerzas Armadas es, en palabras del general secretario, “una solución que los gobiernos locales han encontrado para sus problemas, pero no es la mejor solución”. Y tiene toda la razón. Cuando el alto mando del Ejército hace esos señalamientos, uno pensaría que ya no hay espacio para la simulación.
Por si esto fuera poco, los desafíos van más allá de la necesidad de reconstruir las policías para que el Ejército y la Armada regresen a sus tareas centrales de defensa nacional. Los casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas han cometido probables violaciones a los derechos humanos son ahora juzgados en tribunales civiles. Pero esto se comenzó a implementar antes de que la reforma al sistema de justicia penal sea una realidad plena en todo México. Juzgados que ya estaban rebasados por la cantidad de casos que manejan, reciben ahora la tarea de juzgar a militares acusados de violaciones a derechos humanos. Subrayo la palabra “acusados”, que significa que pueden ser culpables… o inocentes. ¿Qué le espera a un soldado inocente que pasa años esperando juicio en una cárcel civil junto a los secuestradores o narcotraficantes que él mismo encarceló? ¿Qué justicia hay si un soldado culpable de violaciones a derechos humanos es excarcelado por algún juez corrupto o incompetente y el Ejército lo tiene que indemnizar y reintegrar a sus filas?
Todo ello vuelve más urgente que nunca que el Congreso legisle a la brevedad, y legisle bien, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Tenemos que hacerlo no sólo para que soldados y marinos nos cuiden mejor. Hay que hacerlo porque el Ejército y la Marina Armada son instituciones clave que no podemos perder en confianza, estima y respeto. Son pilares no del gobierno en turno, sino del Estado mexicano, del que formamos parte todos nosotros. Las Fuerzas Armadas son nuestras Fuerzas Armadas. Hay que cuidarlas como ellas nos han cuidado en estos momentos de prueba para México.
Presidente y fundador de la organización México SOS.
@MexicoSOS
