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En las últimas semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha hecho dos afirmaciones interesantes. El 22 de marzo, en Michoacán, el funcionario afirmó que “los homicidios que se cometen hoy, un poco más de la mitad no tienen que ver con delincuencia organizada”. Días después, en Guerrero, al referirse a la oleada de homicidios en ese estado, señaló que “hasta hace poco más tres años, en estos enfrentamientos caían personas de la sociedad civil. Hoy prácticamente es entre ellos”.
Tal vez sea correcto el diagnóstico del secretario sobre la violencia en esos estados. Pero la pregunta de fondo es epistemológica: ¿cómo sabe semejante cosa? ¿De dónde saca los datos para hacer afirmaciones tan categóricas sobre el móvil de los homicidios? Ciertamente no de indagatorias de las procuradurías, ya que en México la mayoría de los homicidios no se investiga nunca. Entre 2000 y 2015, se cometieron cerca de 250 mil homicidios intencionales, pero sólo hay 43 mil personas en prisión por homicidio (y eso incluye tanto la modalidad dolosa como la culposa).
¿Entonces de dónde salen los datos que citó Osorio? Sólo hay dos alternativas: son absolutamente inventados, o proceden de la base de datos de homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, la cual ya no se publica, pero probablemente se siga produciendo para fines internos.
Si es lo primero, malo. Si es lo segundo, también. Todas las bases de datos de ejecuciones vinculadas al crimen organizado (tanto la oficial como las privadas) tienen una debilidad básica: no están construidas con información dura. La clasificación de un asesinato como relacionado a la delincuencia organizada es resultado de inferencias basadas en las características de la víctima o del incidente (tipo de arma, señas de tortura, etcétera).
Ese procedimiento es problemático por varias razones: a) los delincuentes comunes pueden adoptar prácticas utilizadas antes por narcos, b) las bandas criminales pueden cambiar o adaptar sus métodos y c) las personas que matan por razones no vinculadas al crimen organizado pueden disfrazar sus delitos para que luzcan como obra de bandas criminales. Sin un examen cuidadoso de los expedientes judiciales, es muy difícil hacer las distinciones necesarias.
Por último, hay algo extraño en la relación entre las ejecuciones “vinculadas” a la delincuencia organizada y los homicidios en general. Cuando los homicidios “vinculados” fueron al alza (entre 2007 y 2011), los homicidios “no vinculados” (es decir, el número obtenido de restar los homicidios “vinculados” al total de homicidios) iban a la baja. Era como si los mexicanos hubiesen dejado de tener otro móvil para matarse, distinto a la delincuencia organizada. En cambio, cuando los homicidios “vinculados” empezaron a bajar, los “no vinculados” se dispararon. ¿México enfrentaba de pronto una epidemia de violencia intrafamiliar y pleitos de cantina? ¿O no será tal vez que los métodos de la delincuencia organizada están en flujo constante y los contadores de cadáveres simplemente no se adaptan a misma velocidad? Me inclino por lo segundo.
En resumidas cuentas, es imposible saber si las afirmaciones del secretario Osorio son correctas. En teoría, es posible distinguir entre distintos tipos de homicidio, pero eso requeriría que alguien investigase los casos y no se limitase a hacer inferencias con información limitada. Como nadie lo hace, no queda más que tratar por igual a todos los homicidios, cualquiera que sea al móvil. Eso, además, tiene la ventaja de ser lo éticamente correcto: cada vida vale, cada vida cuenta, así la víctima sea uno de “ellos”.
Analista de seguridad.
@ahope71
