Hace menos de un mes, en su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presumió la disminución de la violencia durante su mandato. Dijo, a la letra, lo siguiente: “Hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México. Como ha informado el Inegi en 2014 el número de homicidios fue 24.3 por ciento menor al de 2012.”
Y sí, eso informó Inegi en julio pasado. Pero eso no es hoy, es ayer. En agosto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se contabilizaron mil 704 víctimas de homicidio doloso. Se trata del mayor total mensual desde que empezó la cuenta de víctimas en enero de 2014 e implica un incremento de 21 por ciento con respecto a agosto del año pasado.
No es un dato aislado: los asesinatos han crecido desde inicios del año. Agosto fue el cuarto mes consecutivo con tasa anual positiva en el número de homicidios dolosos. El país no había experimentado una racha de ese tipo desde finales de 2010.
Se ha borrado casi todo el avance desde 2013. El total mensual del SESNSP (mil 704) equivale aproximadamente a mil 940 víctimas en la serie de Inegi. Ese número es apenas inferior al promedio mensual reportado por Inegi en el último trimestre de 2012 (mil 973 víctimas).
¿Qué pasó? En una colaboración previa (http://ow.ly/Sv68D), presenté algunas posibles explicaciones. Hay una causa más de fondo: en México, en general, no se investigan y no se sancionan los homicidios. Entre 2000 y 2013, según el Inegi, fueron asesinadas 215 mil 575 personas. En 2013, había apenas 30 mil 404 reos en penales estatales por el delito de homicidio (y eso incluye tanto la modalidad dolosa como culposa).
Considerando que en todo el país, el homicidio doloso conlleva sentencias de décadas en prisión, esas cifras sugieren que la impunidad es la norma.
Hay muchas causas que explican esa impunidad generalizada, pero una es particularmente importante: las víctimas de homicidio son políticamente invisibles. De acuerdo con cifras del Inegi, 66 por ciento de los asesinados en 2013 no superaron la secundaria. Algo más de la mitad tenía menos de 29 años. Uno de cada siete se encontraba en el desempleo.
En resumen, las víctimas de homicidio en México son por lo regular hombres jóvenes, pobres y con bajos niveles de escolaridad. Es decir, miembros de grupos con muy poco peso político. Y eso se refleja en la respuesta de las autoridades.
El contraste con el secuestro, un delito que afecta en mayor medida a las clases medias, es ilustrativo. Existe una coordinación nacional antisecuestros, no una coordinación nacional antihomicidios. El fortalecimiento de las unidades antisecuestros es una prioridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no lo es la modernización de las agencias del Ministerio Público especializadas en homicidio. Aproximadamente la tercera parte de los secuestros denunciados es atendida por instancias federales; salvo excepciones (por ejemplo, Ayotzinapa), ni la PGR ni la Policía Federal se encargan de homicidios.
En consecuencia, es indispensable dar visibilidad política al delito. No hay receta única para lograr ese objetivo, pero un paso útil sería que las universidades y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de seguridad y justicia asumieran la causa de las víctimas de homicidio, aun si ese delito no afecta mayormente a sus clientelas naturales. Existe una organización denominada Alto al Secuestro (la cual realiza una gran y muy útil labor). ¿No podría surgir un grupo llamado Alto al Homicidio?
Y en lo que eso surge, es indispensable dejar de negar la realidad. Sí, el homicidio disminuyó durante dos años. Pero eso ya quedó en el pasado. Hoy la violencia homicida va en aumento. Aceptémoslo ya.
Analista de seguridad
@ahope71