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Los procesos electorales recientes han puesto en evidencia el agotamiento del régimen político, así como los principales obstáculos para superar la profunda crisis ética y de legitimidad de las instituciones públicas, y recuperar un proyecto de transformación democrática del país
La legislación y las autoridades electorales fracasaron. Se ha agotado el ciclo recurrente de reformas que lejos de garantizar el respeto a la voluntad popular han multiplicado las prácticas ilícitas, haciendo más rentable violar la ley que cumplirla.
Los comicios locales representan el predominio de las prácticas fraudulentas, bajo la tolerancia y complicidad de la autoridad, de todos los órdenes de gobierno, que quedan impunes. El INE abdicó de su autonomía, llegando al extremo de considerar que la cínica utilización de los recursos públicos —federales y locales—, el uso indiscriminado del dinero, la participación abierta de funcionarios de todos los gobiernos en actividades proselitistas, hasta la alteración de resultados en el PREP, entre otro sinnúmero de ilícitos cometidos, son solo incidentes aislados o errores humanos en un escenario de “normalidad democrática”.
Las izquierdas vuelven a tropezar con la misma piedra —una piedra cada vez más grande—, y sus limitaciones le impiden superar el “ya merito”. Por un lado, el desdibujamiento ideológico de un sector de esta corriente que lo ha conducido a colaborar con el actual régimen, mientras que, por otro lado, quien tuvo las condiciones para alcanzar el triunfo, fue incapaz de sumar a un sector más amplio de la sociedad, trascendiendo los linderos partidarios, para frenar las prácticas fraudulentas y defender de manera efectiva el voto.
La división y fragmentación de las izquierdas en los últimos años, ha resultado funcional al reposicionamiento de la derecha, y a que ésta mantenga espacios de poder que no representan la voluntad popular, profundizando el desencanto y el hartazgo de quienes aspiran un cambio.
Mientras tanto, la violencia se incrementa, la desigualdad alcanza cifras históricas y la impunidad permite que las acciones de las empresas beneficiarias de la corrupción, como OHL, repunten en la bolsa de valores.
La izquierda necesita repensarse y recrear su unidad. No soy iluso al esperar un reencuentro entre dirigentes cuya animosidad se ha polarizado a tal extremo que resulta inútil suponerlo. Tampoco considero que la unidad será resultado de la suma de siglas partidistas desgastadas a una candidatura. La unidad debe sumar un amplio espectro de grupos y personalidades progresistas comprometidas en las ideas y que aspiren a un cambio de régimen.
La ciudadanía está ávida de nuevas alternativas, que representen sus causas e incidan en los espacios de poder. Una alternativa que construya desde la comunidad, nuevas reglas de convivencia social, poniendo en su eje la dignidad humana.
Es necesario recuperar la política como un bien público. La política ha sido privatizada y copada por una camarilla al servicio una pequeña oligarquía, de la corrupción y los privilegios, que ha fortalecido el estatus quo, marginado a los ciudadanos de los asuntos públicos, y que nuevamente se ha impuesto.
Como me dijo un grupo de personas tras conocer los resultados de la elección en el Estado de México: Ya chole.
Senador de la República
