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Nuestro país se encuentra muy lastimado. Ante el contexto de crisis económica, política y social por el que atravesamos, no sólo a nivel nacional, también a nivel mundial, no podemos omitir nuestra situación de inseguridad, violencia e impunidad. De acuerdo con la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, tan sólo el mes pasado a nivel nacional se registraron mil 705 homicidios, 92 secuestros, 469 casos de extorsión, 25 mil 40 casos de robo, 12 mil 7 lesiones y mil 118 casos de violación. De igual forma, apunta que una de cada 2 muertes está ligada al crimen organizado. Por otra parte, el Índice de Impunidad Global reveló que 99% de los delitos que se cometen en el país quedan impunes, ya que de 100 delitos sólo se denuncian siete, de los cuales solo 4.46% son condenados.
El pasado fin de semana, nuevamente, en nuestro país fueron asesinados dos alcaldes. El primero fue el presidente municipal de San Juan Chamula, Domingo López González, quien perdió la vida junto con cinco personas más. El segundo fue el alcalde de Pungarabato, Guerrero, nuestro compañero de partido Ambrosio Soto Duarte, quien fue emboscado alrededor de las 22:30 horas en el tramo carretero conocido como Curvas del Cajón, en Michoacán, atentado que lamentablemente también cobró la vida del conductor del vehículo en el cual se transportaba.
Si bien tenemos conocimiento de que se están llevando a cabo acciones para frenar a la rampante delincuencia organizada, tenemos que prestar atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los gobernantes de los casi 2 mil 500 municipios de nuestro país, sin importar el partido al que pertenezcan. Atentar en contra de nuestras autoridades locales es golpear directamente nuestro Estado de Derecho y los principios democráticos desde la base de la organización política. Ellos personifican los intereses más inmediatos de la población.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), desde 2003 han sido asesinados 40 ediles en funciones, 7 electos y 32 ex alcaldes, es decir, 79 en tan sólo 13 años, siendo las entidades de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Durango y Veracruz las que registran un mayor número de víctimas.
No podemos permitir que actos de esta naturaleza se vuelvan cotidianos, mucho menos en las entidades, municipios y comunidades con mayor debilidad institucional, porque lo que estamos diciéndole y retierándole a la población civil es que si no se puede garantizar la vida de sus autoridades, mucho menos se puede garantizar la seguridad de ellos y la de sus familias.
Es por esta razón que he solicitado un encuentro con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar este delicado asunto que a todos nos involucra y que obstaculiza el desempeño de funcionarios y autoridades a nivel local, además de poner en riesgo la credibilidad, la integridad y la seguridad de la sociedad mexicana.
Es urgente hacer un llamado a las instituciones de seguridad federal y local para replantear estrategias que permitan coordinar acciones con el fin de fortalecer y facilitar la labor de autoridades, funcionarios y servidores locales, garantizando así su integridad y la de las comunidades a nivel nacional.
No podemos permitir que nuestras garantías sean atropelladas por el crimen organizado, somos más quienes queremos un estado de Derecho que nos asegure la justicia, la paz y el orden. En el Partido de la Revolución Democrática queremos un Estado fuerte, no más mártires. Queremos un México de instituciones sólidas, de paz y cero impunidad, en donde el crimen organizado no sea un elemento que obstaculice el desarrollo las poblaciones, comunidades, ni de la gente.
Presidenta nacional del PRD.
@Ale_BarralesM
www.alejandrabarrales.org.mx
