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Cuando el pasado lunes 9 de noviembre 72 diputados separatistas catalanes votaron en su Parlamento por una declaración de independencia, dijeron que se trataba de un acto democrático en contra del Estado español opresor.
Con esta Declaración de Independencia, España está viviendo el momento más decisivo desde el nacimiento de la democracia, incluso por encima del fallido golpe de Estado de 1981.
El gobierno de Mariano Rajoy está haciendo todo lo que debe hacer, utilizar todas las armas que le otorga la ley para neutralizar el texto independentista que ha aprobado el Parlamento catalán.
Sin embargo, el mal ya está hecho. Millones de personas de todo el mundo han visto en sus televisiones cómo se aprobaba el texto secesionista y cómo se confundían banderas españolas y catalanas, portadas por diferentes diputados, en una guerra fría entre banderas, pero incandescente al mismo tiempo.
Artur Mas y sus amigos independentistas llevan haciéndose las víctimas por mundo y medio dando la idea errónea de que España es un país opresor ante el romanticismo de una Cataluña que pretende ser independiente.
Un sátrapa como Artur Mas es capaz de ceder a lo que sea con tal de seguir como presidente de la Generalitat. Si para eso tiene que forzar la independencia, no le temblará el pulso como ya lo está haciendo. Atrás quedarán los trapos sucios, las comisiones, los socios, el clientelismo y tantas otras lindezas que tiene que tapar. Y si no, que se lo pregunten a la mafia de la familia de los Pujol, con una fortuna que supera los 4 mil millones de dólares amasados en 25 años al frente de la Generalitat catalana.
Y es que esto de mandar y sentirse inmaculado está muy bien. Es lo que le pasó a Jordi Pujol durante tanto tiempo. Después de haber hecho esa fortuna inconmensurable, tuvo la poca vergüenza de crear una fundación que propugnaba la ética. Eso sí, todos los Pujol son muy catalanes como Artur Mas y quieren ser muy independientes, pero nadie devuelve un sólo euro.
No hace mucho se descubrió que los Pujol tenían 900 millones de euros en uno de esos paraísos fiscales. También se supo que las farmacias catalanas apenas si tienen medicamentos, porque necesitan 300 millones de euros que tiene que suministrarles la Generalitat catalana. Sin embargo, ésta aduce que no tiene dinero y que es Madrid quien tiene que dárselos. ¡Ah!, pero eso sí, independencia por encima de cualquier cosa. Y mientras tanto que, el gobierno catalán reciba los emolumentos de los impuestos de todos los españoles para sufragar su independencia.
Se me ocurre que, con tan sólo una tercera parte del dinero que tienen los Pujol en los paraísos fiscales, podrían pagar la deuda
de las farmacias y los catalanes podrían tener sus medicamentos. Total, les acaban de pillar 900. Pero para eso no son tan catalanes ni tan solidarios.
El gobierno de Mariano Rajoy tiene muchas armas para parar esta locura. Por ejemplo, cortar el grifo del dinero a Cataluña que, por cierto, es un auténtico derroche. También tiene el control de los Mossos de Esquadra, es decir, de la policía autónoma catalana.
Una vez que el recurso, presentado por el gobierno de Rajoy, pidiendo que se anule el texto secesionista llegue al Constitucional, el documento no tendrá validez. A partir de ese momento cualquier decisión a favor de la independencia, podría estar castigado como rebelión o sedición, lo que conlleva no solamente multas sino hasta cárcel de entre 10 a 30 años. En otras palabras, el Estado tiene mecanismos suficientes como para aplacar el separatismo de unos cuantos.
Los separatistas catalanes, que por cierto, con 47% según el resultado de las elecciones del pasado 27 de septiembre, se han puesto un plazo de 18 meses para ser totalmente independientes de España. Legalmente nunca podrán hacerlo. Pero tampoco fue legal que se separaran Eslovenia y Croacia de la antigua Yugoslavia, y al final ocurrió. Claro, son tiempos distintos, aunque la semilla ya la han puesto.
alberto.pelaezmontejos@gmail.com
Twitter: @pelaez_alberto
