Más Información
El hecho de que la infanta Cristina se siente finalmente en el banquillo de los acusados tampoco resulta revelador. La hermana del rey tendrá que pasar por los pasillos de los juzgados de Palma de Mallorca el próximo lunes 11 de enero, acusada de dos delitos fiscales, y podría enfrentarse hasta a 8 años de prisión, en el peor de los casos.
Su marido Iñaki Urdangarin ideó toda una trama de ingeniería financiera para hacer dinero utilizando sus contactos por ser cuñado del actual monarca y yerno del anterior.
A Urdangarin le pillaron gracias a un pequeño hilo; pero cuando tiraron de él se había convertido en todo un ovillo tan inextricable como intenso; un ovillo lleno de recovecos oscuros que olían a descomposición. Una vez que encontraron ese hilo y tiraron de él, la noticia era de tal calibre que ya no pudieron pararla.
Si de lo que se trata es de que la infanta Cristina sea juzgada de una manera imparcial, creo que sí sería bueno para todos. Sin embargo, si va a ser un juicio con presiones hacia los magistrados, es mejor dejarlo. De hecho, están estudiando poder aplicarle la doctrina Botín, por la que la eximirían y la absolverían.
Lo mismo está ocurriendo con Rodrigo Rato, antiguo gerente general del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicepresidente del gobierno en España en tiempos de José María Aznar. Rato acumula delitos fiscales de fraude y de corrupción que se le agolpan por todos lados. La pregunta sería, más bien, qué delitos financieros no ha cometido. De momento, sigue en su casa, igual que el honorable ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, que hizo negocios supuestamente fraudulentos. Siendo presidente catalán consiguió una fortuna de casi cinco mil millones de euros.
Pero hay muchos más casos y tramas supuestamente fraudulentas e irregulares en la casa del Partido Popular, como la Púnica, la Gürtel o la caja B.
Ni qué decir tiene del dinero que se llevaron políticos, sobre todo del Partido Socialista, y sindicalistas con los emolumentos que debían ser utilizados para pagar cursos de formación a los desempleados en Andalucía. Como éstos, hay tantos y tantos casos de corrupción indeseable.
Lo que se evidencia es que en la mayoría de los casos con intervenciones políticas son pocos los que pagan. Generalmente son aquellos supuestos servidores públicos más desfavorecidos. Dudo mucho que veamos a los grandes expiando sus pecados.
alberto.pelaezmontejos@gmail.com
Twitter @pelaez_alberto
