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Cuando el gobierno decide pasar a la ofensiva y arresta a líderes sociales acusados de haber cometido delitos, como acaba de pasar en Oaxaca con cuatro integrantes de la CNTE, surge una pregunta que plantea un dilema: ¿se trata de impartir justicia y restablecer el orden o se trata de una justicia selectiva con fines políticos? Ante el dilema parece haber dos tipos de casos, los aliados y los adversarios.
En diversas ocasiones se ha comprobado que la mano de la justicia gubernamental en materia de líderes sociales pasa por expedientes políticos. Se trata de ir en contra de personajes incómodos que han cambiado sus lealtades, como sucedió con La Quina al inicio del sexenio salinista o con la maestra Gordillo en este gobierno. La consecuencia es que se mueve la pieza que estorba y la maquinaria sigue funcionando como antes. En este tipo de ejemplos predomina el interés político y el mensaje es: que la condición temporal de intocable se pierde cuando las lealtades al sistema de alianzas se fracturan. En los dos expedientes hubo cercanía y un estilo de operar; además, en el exceso de poder de estos personajes siempre existe tela de donde cortar para hacer una acusación que justifique la acción de la justicia.
Otro tipo de caso es el de la CNTE y los líderes de la Sección 22 que elevaron su protesta contra la reforma educativa hasta excesos que desbordaron las zonas de tolerancia oficial. Aquí no se trata de viejos aliados, sino de antagonistas de siempre. La detención es para quitar múltiples piezas y reconstruir la maquinaria con un signo diferente. No sorprende que el gobierno haya lanzado una ofensiva en contra de estos liderazgos. Hubo avisos previos de que los márgenes del poder magisterial se habían reducido. Después de las amenazas al proceso electoral en Oaxaca por parte de la CNTE, llegó la primera señal de que los vientos venían en contra. El pasado 21 de julio, el gobierno estatal y el federal, de forma conjunta, pusieron en marcha una operación política para quitarle al sindicato el control que tenía sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y recuperar la rectoría educativa.
Las acusaciones en contra de Orozco Matus, Picazo Pérez, Jiménez García y Nazariega Segura son por diferentes delitos: como bloquear accesos al aeropuerto, tomar instalaciones del INE, destruir oficinas y material electoral. En general, un gobierno no puede permitir que este tipo de delitos permanezcan en la impunidad como parte de la batalla por una causa social, a pesar del 98% de impunidad que hay en el país. Sin embargo, no se actuó en el momento. Quizá por eso estos operativos están impregnados de un fuerte olor a cálculo político y a justicia selectiva.
Esta detención marca un cambio radical del gobierno en contra de los disidentes de la reforma educativa. La tolerancia y la negociación se han terminado, ahora llegó la mano dura, la detención y el encarcelamiento de líderes. Empieza una nueva historia cuyas consecuencias son todavía de pronóstico reservado…
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
