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La crisis política de Brasil nos sorprende con cada nuevo episodio que sucede. Hace algunos años, durante el gobierno de Lula, había un alto contraste entre México y el gigante de Sudamérica. Unos años después todo empezó a descomponerse, primero la economía dejó de crecer, las commodities bajaron de precio y el conflicto distributivo tuvo expresiones callejeras de descontento social. Luego llegó la crisis política y hace un año fue destituida la presidenta Dilma Rousseff, le dieron un golpe legislativo. Hoy Lula es condenado a 9 años y medio por corrupción. Uno de los políticos más apreciados no sólo en su país, sino en todo el continente. ¿Justicia o revancha?
En Brasil se penaliza con cárcel la corrupción que ha penetrado al sistema político. Ya está en la cárcel una parte de la clase política y un nutrido grupo de empresarios. Si comparamos la crisis brasileña con la mexicana, vemos que la diferencia es enorme. Si en México se penalizara la corrupción y el Poder Judicial fuera independiente es probable que muchos políticos y empresarios estarían en la cárcel. Pero aquí la impunidad domina el escenario.
El poder corruptor del dinero es enorme. El modelo es conocido en nuestros países: se apoya económicamente a un candidato en campaña y cuando llega al poder se cobra mediante la concesión de obras públicas. Luego se apoya al gobierno y las obras se reproducen con la compra de votos en el Congreso y voluntades en la administración pública. Así ha sucedido en estos países, pero en Brasil han decidido poner un alto y castigar esa corrupción. Hay mecanismos que han sido muy útiles, como la delación premiada, una negociación entre el presunto culpable y la autoridad para delatar a otros supuestos responsables. Así condenaron a 19 años de cárcel al dueño de la constructora más importante del país, Marcelo Odebrecht, (que practicó la corrupción en muchos países de la región); también así fue a la cárcel el líder del Congreso que operó el desafuero de Dilma, Eduardo Cunha, condenado a 15 años de prisión. Otro caso reciente fue la grabación clandestina que le hizo el empresario Joseley Bautista al presidente Michel Temer, en donde se ventilan las redes de corrupción en las que participa; hoy su presidencia cuelga de un hilo. Acaban de ser condenados por corrupción el ex presidente de Perú y su esposa. ¿Y en México?
“Brasil, el país en el que los jueces tomaron el poder” (El País, 16/VII/2017). ¿Será cierto? Se ha señalado que el poder judicial en Brasil no es homogéneo y que hay partes que han jugado políticamente. Cuando se trata de corrupción política es muy complicado que el tratamiento de los casos sea químicamente puro. El famoso juez Sergio Moro, que lleva la investigación del caso Lava Jato, ha litigado el expediente del caso Lula. Este juez, que ha cobrado notoriedad internacional, llamó la atención por algunas decisiones en donde ha salido a relucir su animadversión política contra Lula: dos ejemplos, filtró a los medios —de forma indebida— una conversación entre Dilma y Lula para afectar una decisión política; cuando llevaron a Lula a declarar y lo trataron como un gran delincuente. Sin embargo, en la operación Lava Jato han caído personajes políticos de varios de los principales partidos políticos, PT, PMDB y PSDB, lo cual puede contrarrestar la sospecha de que se pretende afectar a uno solo.
La pregunta que hicimos durante el ciclo Lula, ¿por qué hay democracias en América Latina que funcionan mejor que otras?, ha cambiado a otra: la crisis, en sus diferentes expresiones, ha deteriorado profundamente la democracia en Brasil, ¿puede darse una recomposición política mediante la vía judicial? Sin tener una respuesta, lo que parece cierto es que se ha terminado el ciclo progresista y se ha instalado un nuevo ciclo conservador de duración incierta.
Con la sentencia en contra de Lula se complican sus posibilidad de participar como candidato por la presidencia para 2018. Una batalla política y electoral que será entre los restos de un proyecto progresista o la profundización del modelo conservador. Un dilema similar al que se dará en México, pero con un escenario político completamente distinto…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
