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Este texto es un homenaje a los seis periodistas que han sido asesinados en lo que va del año: Cecilio Pineda (Guerrero), Maximino Rodríguez (Baja California Sur), Ricardo Monlui (Veracruz), Filiberto Álvarez (Morelos), Miroslava Breach (Chihuahua) y Javier Valdez (Sinaloa). Todos estos crímenes permanecen impunes. En lo que va del actual sexenio hay otros 29 periodistas que han perdido la vida a manos del crimen organizado.
Cada noticiero que vemos o escuchamos nos expresa un resultado deprimente, ¿cómo hemos llegado a tener este país de muerte? Sin duda, hay días peores que otros, pero el tono de lo que sucede se repite día con día. Saltamos sin control entre todas las expresiones de la violencia, asesinatos, asaltos, apuñalamientos, retenidos, heridos de bala, desaparecidos. El día que matan a un periodista volvemos a preguntarnos por qué seguimos instalados en esta avalancha de muertes. La contabilidad mortal de los hombres y mujeres que practican el periodismo es alarmante; el oficio se ha vuelto uno de los más peligrosos, ya nadie está seguro. Y con cada muerte observamos los mismos rituales, caras largas de las autoridades, promesas de justicia, pero al final no se llega a ninguna parte, nos quedamos con la rabia por la impunidad, porque esos asesinos materiales e intelectuales lo hacen cada vez que quieren y nunca les pasa nada, nunca hay responsables, nunca se hace justicia. ¿Realmente estamos en una democracia o sólo la simulamos?
Nos hemos equivocado en los supuestos, quizá no estamos en una democracia. Con cada asesinato de un comunicador, de un defensor de derechos humanos, lo comprobamos. Se exige justicia a una autoridad que es completamente ineficiente para cumplir con su tarea o es cómplice. Repetimos que sin libertad de expresión no podemos tener una democracia, pero la realidad nos desmiente, la libertad de expresión es un derecho cada vez más escaso. En este país de nota roja, se ha extraviado la línea entre la legalidad y la ilegalidad, entre la autoridad y el crimen. Nos hemos adentrado en un pantano de impunidad; los ciudadanos somos víctimas de una pinza que todos los días aprieta más: de un lado tenemos la corrupción entre autoridades y empresas, emblemáticamente representadas en el caso El Ciclo (OHL- Estado de México-PRI); del otro está la autoridad penetrada por el crimen que deja a la ciudadanía completamente indefensa. Esta pinza de corrupción y de violencia lleva a la impunidad.
Los periodistas son víctimas en este país cruento. Los costos por narrar estas historias son la muerte. Estos mensajeros están empeñados en documentar con sus reportajes, sus notas y sus fotos, lo que nos está pasando. El crimen y sus encubridores no toleran la información y la crítica y por eso asesinan con saña. Esas muertes dejan el mensaje de que no se metan en el negocio, no traten de quitar las máscaras; mientras la autoridad se queda sentada, impotente, ineficiente y cómplice. Con esa impunidad se fortalece a esos grupos criminales, se debilita a la sociedad y se destruye lo poquito que nos queda de democracia.
Estos periodistas asesinados nos informaban sobre lo que pasa en muchas regiones del país: el estado paralelo que ya controla municipios; tomas clandestinas de combustible; ciudades en donde los cárteles de la droga imponen su ley. Cuando Javier Valdez recibió el Premio Internacional a la Libertad de Expresión, el 22 de septiembre de 2011, dijo: “En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno; un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país, uno debe cuidarse de todo y de todos y no parece haber opciones ni salvación”. Con estas palabras dibujó esa línea “invisible” entre narco y gobierno, de la que dijo, no hay “salvación”. Unos años después ese “piso filoso” explotó y el pasado 15 de mayo fue asesinado de 12 balazos en su tierra —el violento Culiacán— en donde quedó tendido en la calle.
¿Se pueden compaginar derechos y libertades con violencia y corrupción? ¿Un 98% de impunidad es compatible con un Estado de derecho? ¿Es esto una democracia?
Investigador del CIESAS. @AzizNassif