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En la revisión de las noticias de las últimas semanas se puede observar de qué forma la clase política ha pervertido la función pública. Hay dos factores que la identifican: los ríos de corrupción que cada año comprueba la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y los abusos en sueldos y prestaciones de la alta burocracia que los han convertido en una élite de privilegiados en un país de pobres. Esta mancuerna ha deteriorado mucho a la democracia en el país.
En una entrevista reciente que le hizo Carmen Aristegui al auditor de la federación, Juan Manuel Portal (www.aristeguinoticias.com 16/II/2017), se hizo visible la dimensión sobre el mal uso del dinero público. Un problema estructural y endémico del país. Se trata del análisis sobre la cuenta pública de 2015, que es resultado de mil 643 informes de carácter financiero aplicados principalmente a estados y municipios. El resultado detecta una seria afectación a las finanzas públicas. Después de haber revisado un 70% del gasto federalizado, el que va a las entidades del país, se hicieron observaciones sobre un monto de 64 mil millones de pesos. Portal habló de una tipología de riesgos que se compone de varios criterios: la afectación al erario, el desfase entre resultados esperados y obtenidos, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la falta de información y la vulnerabilidad en las finanzas públicas. De las entidades con mayor problema, sin duda el gobierno de Javier Duarte en Veracruz ganó la medalla de oro en corrupción. Un caso que se dejó crecer y no se hizo nada hasta llegar a la fuga del exgobernador. Siguen en la fila los casos de Duarte en Chihuahua, Borge en Quintana Roo, y otros como Coahuila y Nuevo León que hoy se debaten entre la justicia y la impunidad.
Detrás de esos recursos desviados, mal empleados y robados, se encuentra una clase política que ha abusado del erario. A pesar de todos los controles que existen, un entramado institucional que se ha vuelto una pesadilla burocrática para las instituciones públicas, todavía predomina una inercia corruptora. Según Portal, uno de los asuntos más graves es la abundancia de los contratos sin licitación.
La otra parte de la ecuación apunta a todos los mecanismos que la alta burocracia ha generado para convertir sus derechos laborales en privilegios. Esta situación se hace más evidente ahora cuando el país atraviesa por un momento de crisis económica y se imponen políticas de austeridad. Ya se ha vuelto normal conocer los excesos que practica la alta burocracia y muchos gobernadores en el Poder Ejecutivo; también en el Poder Legislativo están los diputados y senadores así como los diputados locales; y en el Poder Judicial se llevan las palmas los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un emblema de abuso; sin dejar de lado a los ministros de la Suprema Corte. Poco a poco se ha creado en México una estructura de salarios, prestaciones y bonos que conforman una élite burocrática privilegiada. Diputados que a fines del año pasado se llevaron un monto de 500 mil pesos (EL UNIVERSAL, 2/XII/2016); magistrados del Trife, calificados de “hampones” por Ricardo Raphael, que ganan 4.5 millones de pesos al año (EL UNIVERSAL, 20/II/2017); y además se dan el gusto de comprar camionetas de lujo que superan por mucho los montos establecidos para ese gasto (EL UNIVERSAL, 17/II/2017). Por donde se observe, el abuso sobre el dinero público sale a relucir, como los siguientes ejemplos: “manejan la Cámara (de diputados) como si fuera botín”, (Reforma, 26/II/2017); “desaparecieron $1,943 mdp de fondos federales para el estado de México” (Reforma, 27/II/2017).
Por otra parte, la austeridad recorta presupuestos estratégicos para el país, como el gasto en ciencia y tecnología. Es alarmante que nos volvamos cada vez más desiguales por la brecha entre los ingresos de los privilegiados del poder y la mayoría de trabajadores: 24 millones de mexicanos ganan menos de 5 mil pesos al mes, (EL UNIVERSAL, 15/II/2017).
La mancuerna de la corrupción y los privilegios desfonda la credibilidad institucional y abona al desprecio contra la clase política. Este tema será definitorio en la próxima sucesión presidencial…
Investigador del CIESAS
@AzizNassif
