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Las llamas de la violencia forman ya parte del paisaje social mexicano. Abrasan una región tras otra, calientan los sectores productivos y queman a casi toda la sociedad. La delincuencia desorganizada y sobre todo el crimen organizado se han enseñoreado de México. Si alguien que se fue al extranjero en los albores de este siglo regresara ahora creería que está en otra parte del mundo. En cambio, quienes hemos vivido aquí de 2006 a la fecha hemos visto crecer la inseguridad al ritmo que, deplorablemente, decrece nuestra capacidad de estupor. Balaceras en lugares concurridos, cadáveres en las calles y en las fosas, feminicidios, violaciones, secuestros, desapariciones, extorsiones, pagos de piso. De esto hay diariamente miles de víctimas. Se trata, en pocas palabras, de una desgarradora y sangrienta descomposición del país.
La locura de “la guerra contra las drogas” la inició Calderón, ciertamente, pero Peña Nieto la ha continuado. En lo que va de este sexenio se han cometido casi 80 mil asesinatos, una cifra oficial que ha obligado al presidente a admitir que las cosas están empeorando. Y lo más grave no es esa estadística sino el hecho de que, al ampliarse la corrupción y la base social de los criminales, el Estado mexicano ha perdido el monopolio de la violencia legítima. Hay gobiernos cómplices y comunidades enteras que participan en los diversificados negocios de los cárteles y al hacerlo deslegitiman a los bandidos disfrazados de gobernantes de jure y legitiman como gobernantes de facto a delincuentes lisos y llanos. Lo habíamos visto aquí y allá, quizás en Michoacán con mayor notoriedad, y hoy lo vemos en Puebla con los huachicoleros. Familias completas defienden la cadena “productiva” de la que son parte. De ahí deriva su sustento, su protección, su lealtad.
He aquí las preguntas que muchos nos hacemos. En el caso específico del robo de combustible, ¿qué hicieron o dejaron de hacer el anterior gobernador poblano y el gobierno federal, que tan buena relación tenían, para que adquiriera ese calado? Y en términos generales, ¿por qué se detienen o se “abaten” capos y no vemos en la cárcel a políticos de altos vuelos, sin cuya complicidad sería inconcebible que estas organizaciones delictivas actuaran a sus anchas? Aquí las autoridades actúan contra los gobernantes solo cuando han dejado sus cargos y hay presión de otros países, principalmente Estados Unidos. Por último, ¿dónde está el combate en serio a las redes de lavado de dinero, los golpes al patrimonio de los emporios delincuenciales? En México los resultados del frente financiero son ínfimos comparados, por ejemplo, con Colombia.
Las respuestas a esas preguntas, largas y complejas como son, pueden resumirse en una palabra: corrupción. El Estado mexicano no vence al crimen organizado porque una gran parte de él se ha vuelto su socio, y derrotarlo sería derrotarse a sí mismo. Sí, el narco y sus derivados tienen una enorme fuerza corruptora —por eso es un grave error poner en el centro de las acciones en su contra a las Fuerzas Armadas, de las poquísimas instituciones sólidas que tenemos, y propiciar así su erosión—, pero no habrían llegado a tenerla si solo infiltraran policías y cooptaran a funcionarios de medio pelo, sin asociarse con personajes encumbrados del régimen, políticos, líderes sindicales e incluso empresarios que se benefician de su derrama económica. A ninguno de ellos se les toca. Y a fin de cuentas eso también explica la ruptura del tejido social: la corrupción permea siempre de arriba hacia abajo. ¿Por qué se abstendría de trabajar para una organización ilícita un padre de familia subempleado, y con él su esposa y sus hijos, cuando padecen las injusticias cotidianas y ven que quienes los gobiernan también violan la ley?
El incendio de la inseguridad violenta se extiende a los pocos espacios de nuestra sociedad a los que no ha llegado. Si no lo apagamos nos va a consumir o va a hacer estallar a México, acaso con una mezcla explosiva de violencia criminal y violencia social. Y la única manera de empezar a sofocarlo es poniendo fin a este régimen corrupto que ha borrado las fronteras entre autoridades y delincuentes. Ya lo dijo san Agustín, por cierto 15 siglos antes que Tolstói: un Estado sin justicia es una banda de ladrones. La banda de ladrones.
Diputado federal del PRD.
@abasave
