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El problema es que en su desesperación la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía pretenden saltarse las trancas en materia de ordenamientos locales. La aplanadora del gobierno federal.
El atropello provocó la ira del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en cuyo marco se podría desembocar en una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte.
De acuerdo con el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la capital, en la metrópoli no cabe una gasolinera más. De hecho, con base a las reglas la capacidad se rebasó desde 2015.
Ésta plantearía un máximo de 365… y operan 371.
De acuerdo con éste no se puede exceder de una gasolinera cada dos kilómetros cuadrados de la superficie total de la ciudad.
Sin embargo, hay otros reglamentos que impiden la proximidad de las estaciones en relación a espacios públicos; ya mercados, ya escuelas, ya cines, teatros, estadios… que la Comisión Federal de Competencia Económica pretende que se desconozcan.
Hasta finales de 2014 operaban en el país 10 mil 636 gasolineras, de las cuales 820 se concentraban en el Estado de México; 730 en Jalisco; 620 en Nuevo León; 597 en Veracruz, y 504 en Tamaulipas.
Hoy existen 3 mil 500 más.
Otorgados por el gobierno bajo el marco de la reforma energética 32 permisos a otras tantas empresas particulares, entre ellas las estadounidenses Chevron y Shell, para importar entre 600 mil y 850 mil barriles diarios de gasolina, algunas optarán por venderlo en los canales existentes de distribución, pero otras buscarían crear sus propias redes.
Shell habló, por ejemplo, de llegar a 2 mil 500 expendios en tres años, ruta que de seguir sus similares llevaría la oferta a la saturación.
Gulf, a su vez, habló de instalar 2 mil distribuidores.
Y aunque algunas firmas están optando por adquirir expendios establecidos, la posibilidad no es tan amplia dada la integración de grupos de capital nacional.
Ahí están, por ejemplo, Copogas, quien le compró 20 gasolineras a Oceanografía; Rendilitro, Orsan, Grupo Eco, GMC y GES.
El más poderoso es el grupo G500, que mantiene mil 500 expendios en el país.
La estrategia irritó al gobierno, lo que provocó la apertura de una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica por supuesta integración en cártel.
Colocadas así las fichas, se están otorgando permisos a granel para abrir nuevos expendios, lo que provocaría no sólo irritación en los gobiernos locales, con punta de lanza en el de la metrópoli, sino entre los vecinos.
Colocada la reforma energética bajo el marco del llamado Pacto por México como la panacea para multiplicar inversión privada nacional y extranjera, la prisa descuidó la certeza en los cálculos, ya por irritación social, ya por impacto ambiental, ya de las reglas mínimas de convivencia.
Se nos chispoteó.
Balance general. Atraído por la Suprema Corte desde hace más de dos años, diciembre de 2014 para ser exactos, el punto final o si lo prefiere el sí o no a un amparo promovido por Petróleos Mexicanos contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica, el asunto sigue en el limbo.
El organismo superior de justicia ha aplazado una y otra vez su resolución pese a colocarla en la agenda. La última larga fue el miércoles.
El asunto apunta a una sanción contra la empresa productiva del Estado por 633 millones de pesos ante lo que se consideró una práctica monopólica relativa, cubrir el abasto con una flota administrada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Las estaciones, pues, no pueden tener su propio transporte, ateniéndose a las tarifas impuestas por el proveedor único.
El alegato de Pemex planteaba que siendo la producción y distribución del petróleo y sus derivados monopolio de Estado, la acción era válida.
Al parecer los aplazamientos obedecen a las presiones de la empresa, dado que el proyecto de resolución, redactado por el ministro Alberto Pérez Dayán le es adverso, es decir se rechaza el amparo.
¿División de poderes?.
Sigue Infraiber. Dos años después de iniciada una campaña de desprestigio contra la constructora OHL México, acusando a las autoridades de otorgarle beneficios ilegales, la empresa, Infraiber presentó una demanda en la que involucra de plano al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
La querella plantea que hubo mano negra para despojarle de un contrato para medición de aforo en vialidades de cuota del Estado de México.
La manzana de la discordia son 4 mil millones de pesos.
El documento original, firmado por Manuel Ortiz García, el funcionario responsable de administrar las 12 autopistas de cuota de la entidad, de las cuales sólo dos opera OHL, es decir el Circuito Interior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, planteaba condiciones que se consideraron inadmisibles.
De entrada, Infraiber, ante su falta de experiencia en la tarea, le iba a subrogar ésta a una firma española. En paralelo, el contrato con vigencia de 20 años, a contrapelo del marco internacional que plantea un máximo de cinco ofrecía un pago de 50 centavos por cada vehículo contabilizado… frente a los 10 o 15 de la factura habitual.
El precio pactado originalmente era de 25 centavos.
No hubo licitación de por medio.
Concamin al ataque. Rezagados los organismos empresariales de cara a la aceptación de las bases en materia de defensa del interés común ante el activismo de la Coparmex, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, retomó ayer en Veracruz el discurso combativo… bajo el tema de la corrupción y la impunidad.
Mentó, pues, la soga en la casa del
ahorcador.
La exigencia planteó pasar de las palabras a los hechos.
De pasadita el dirigente de la cúpula industrial firmó un convenio en el nuevo gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes, para transportar las licitaciones públicas.
Frontera del abuso. Aunque la Secretaría de Economía modificó su parámetro original en relación al impacto de precios frente al gasolinazo, planteando niveles de cinco centavos en el costo al público del kilo de tortillas y 10 en la leche, para hablar de 1%, para el comercio organizado de la Ciudad de México el nivel escalaria entre tres y 10, dependiendo de los sistemas de producción y distribución.
Colocada en la mesa la amenaza del gobierno de abrir la frontera para equilibrar precios de ramas remisas, la pregunta es dónde está el justo medio para evitar calificativos de abusivos y evitar a su vez la descapitalización de las empresas.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
