Un cuestionable y moralmente indefendible acuerdo migratorio fue alcanzado por Estados Unidos y México la semana pasada, para evitar la imposición de aranceles a los productos del país latinoamericano, que ahora tiene menos de 45 días para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados o enfrentar la peor crisis en la relación bilateral de los últimos años.
Las negociaciones de último momento dieron como resultado un pacto aparentemente satisfactorio para ambos lados , elogiado por el gobierno mexicano como una victoria, ya que impidió la entrada en vigor de un arancel de 5% el lunes, que aumentaría hasta 25% en octubre, como amenazó Donald Trump , presidente de Estados Unidos , con la vista puesta en su inminente campaña electoral .
Sin embargo, mientras México despliega 6,000 tropas en la frontera con Guatemala , la Casa Blanca ha insistido en que su vecino cumpla con exigencias adicionales , incluyendo la compra de más productos agrícolas estadounidenses y “ otra importante parte ”, que “ requerirá la votación del legislativo mexicano ”.
En respuesta, el secretario de Relaciones Exteriores de México , Marcelo Ebrard , declaró que “no hay otra cosa” más allá de las medidas anunciadas por los dos gobiernos en Washington.
Según reportes periodísticos, el acuerdo consiste en acciones que México ya había prometido adoptar en marzo , durante pláticas secretas en Miami entre Kirstjen Nielsen , titular de Seguridad Interior de Estados Unidos , y Olga Sánchez Cordero , secretaria de Gobernación .
En diciembre , México aceptó también los llamados “ Protocolos de Protección a Migrantes ”, para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en su territorio en tanto sus casos son procesados en Estados Unidos.
Ebrard afirmó a la prensa el martes que México “ no tiene nada que ocultar ”, aunque Washington lo presiona para aceptar un tratado de “ tercer país seguro ” que daría a Estados Unidos el derecho a rechazar a los solicitantes de asilo , si no lo han buscado primero en México .
De cualquier forma, destacó, ambas naciones acordaron un plazo de 45 días para revisar el avance de la estrategia de México y reabrir las negociaciones si es necesario.
Anunciados por Trump el 30 de mayo, el mismo día en que el representante comercial Robert Lighthizer inició el proceso de aprobación del reemplazo del TLCAN , el Tratado México-Estados Unidos-Canadá , los aranceles a casi USD $360 mil millones en importaciones procedentes de México se basan en la lógica de complacer al electorado de línea dura que respalda las políticas antimigrantes y la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos.
Guerras comerciales
En un ambiente muy polarizado, los aranceles también son una reacción a las demandas renovadas para destituir a Trump , así como parte de las guerras comerciales lanzadas en pos de la hegemonía global estadounidense.
Washington ya está cobrando aranceles de 25% a las mercancías chinas ; en paralelo, revocó el estatuto de India como “ país beneficiario en desarrollo ”, que exentó USD $5.6 mil millones de sus exportaciones en 2017.
Por si esto no fuera suficiente, Trump aseguró que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido debe estar “ sobre la mesa ” en pláticas comerciales bilaterales , sacando ventaja de la incertidumbre que el Brexit abrirá en la relación entre Europa y Londres .
Es posible, sin embargo, que esta vez el mandatario de Estados Unidos se haya excedido en su poder al afectar grandes intereses transnacionales, preocupados desde que el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei fue puesto en la lista negra .
La mezcla de comercio e inmigración en el caso mexicano creó un “ cóctel Molotov en la política ”, declaró Jay Timmons , líder de la Asociación Nacional de Manufacturas de Estados Unidos , al advertir que la medida tendría “ consecuencias devastadoras para los fabricantes y los consumidores estadounidenses ”.
Influyentes senadores republicanos , como Mitch McConnell , líder de la mayoría, y el ex aspirante presidencial Ted Cruz , también expresaron su oposición.
Ignorando sus reclamos y el consejo de Lighthizer y de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Trump todavía está bajo la tentación del unilateralismo y de las ganancias electorales a corto plazo .
Como es usual, sus “instintos” se inclinaron a la extrema derecha siguiendo las propuestas del consejero de la Casa Blanca Stephen Miller , del gurú de la “ derecha alternativa ” Steve Bannon y del asesor comercial Peter Navarro , quien consideró los aranceles como “ una brillante medida para lograr la atención de México ”.
Con respecto a México , el despliegue de la nueva Guardia Nacional para frenar la migración del “Triángulo del Norte ” de América Central — Guatemala , Honduras y El Salvador —representa un considerable esfuerzo en términos de financiamiento y de recursos humanos, sin mencionar el dilema moral para un gobierno supuestamente comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Alejandro Hope
, analista de seguridad, resaltó en EL UNIVERSAL que los 6,000 efectivos equivalen a casi 10% de la fuerza total de la Guardia Nacional , lo que desvía recursos que se necesitan con urgencia frente al narcotráfico y el crimen organizado en todo el país.
La operación costará cerca de MXN$ 3,600 millones ( USD $187 millones ), tres veces más que el presupuesto anual del Instituto Nacional de Inmigración y 170 veces más que el correspondiente a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados .
Andrés Manuel López Obrador
, presidente de México , afirmó que el país tiene fondos suficientes para solucionar el problema, incluso mediante la venta del ex avión presidencial ; un programa de desarrollo rural será ampliado en la frontera sur con objeto de generar 80,000 trabajos , dijo al subrayar que el acuerdo bilateral evitó el riesgo de una crisis financiera en México. Sin embargo, para fines de julio el gobierno mexicano podría estar bajo presión otra vez, si Trump encuentra insatisfactorio su trabajo.
La colaboración de López Obrador ha llevado a un récord en las deportaciones de México , que pasaron de 5,717 en diciembre de 2018 a 15,654 en mayo .
De acuerdo con datos oficiales, 800,000 indocumentados podrían atravesar su territorio rumbo a Estados Unidos este año.
Como parte de su estrategia, la administración Trump desplegó un número de tropas sin precisar en Huehuetenango , en el límite guatemalteco con México .
Hace dos semanas, Jimmy Morales , presidente de Guatemala , firmó un memorándum de cooperación con Kevin McAleenan , secretario de Seguridad Interior en funciones.
En el documento, oculto al público, Morales acordó el intercambio de informació n y mejorar la seguridad fronteriza .
Entre tanto, decenas de agentes del departamento de McAleenan también fueron enviados a Guatemala para “asesorar” a la policía y las autoridades migratorias.
Por su lado, 300 soldados estadounidenses arribaron a Honduras para mejorar la capacidad de respuesta a desastres y “otras situaciones de crisis”, junto a sus contrapartes latinoamericanos y caribeños.
El nuevo despliegue coincide con el malestar generalizado hacia las políticas neoliberales del presidente Juan Orlando Hernández , reelegido en 2017 tras una campaña criticada por fraudulenta.
La pobreza crónica , la violencia y la corrupción alientan la migración en Honduras, donde el gobierno del presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe con apoyo de Washington en 2009.
En 2017 , la DEA arrestó en Miami a Juan Antonio Hernández , hermano del mandatario, por narcotráfico y por utilizar a personal militar hondureño para transportar cocaína del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos.
Este año, fiscales estadounidenses revelaron que el propio Hernández es objeto de una importante investigación sobre narcotráfico y lavado de dinero junto a su hermana Hilda — ex ministra de Comunicaciones — y otros individuos.
Editado por Sofía Danis
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