Lejos de ser manchadas por los escándalos internacionales en curso, las organizaciones no gubernamentales ( ONG ) de México siguen su trabajo para fortalecer el desarrollo de la sociedad civil y su participación activa en la toma de decisiones, una tarea que siempre ha sido difícil, desafiante e incluso peligrosa en los últimos años.
Los expertos reconocen que la expansión de los grupos humanitarios , ambientalistas, políticos, de consumidores y por la igualdad de género, por ejemplo, ha sido lenta y obstaculizada por trabas económicas , una cultura de la indiferencia profundamente enraizada, burocracia y hostilidad gubernamental .
De cualquier forma, los orígenes de las ONG modernas u organismos de la sociedad civil pueden ser encontrados en el periodo post revolucionario, con la fundación de la Confederación Nacional Católica del Trabajo y de la Acción Católica Mexicana .
Sin embargo, no fue hasta el proceso de democratización, después de la masacre de Tlatelolco ( 1968 ), la devaluación del peso ( 1976 ) y el terremoto en la Ciudad de México ( 1985 ) que las organizaciones locales, como Alianza Cívica y el Movimiento Ecologista Mexicano , al igual que las afiliadas a ONG internacionales, como Greenpeace , encontraron los espacios suficientes para crecer y convertirse en la “ conciencia pública ” de las cada vez más sofísticadas clases urbanas.
La ley que rige a las ONG tiene su fundamento en el artículo 9 de la Constitución , que establece el derecho de asociación. De ahí se deriva un amplio y complejo marco regulatorio, que incluye al Código Civil Federal y sus legislaciones equivalentes a nivel estatal.
En este contexto, debe subrayarse la relevancia de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil en el financiamiento de proyectos, así como en las políticas fiscales y presupuestarias.
Propuestas específicas
En los últimos años, el sector de la sociedad civil ha trabajado para formular propuestas específicas al Congreso de la Unión , con miras en la armonización de la ley federal y en garantizar el financiamiento público y el derecho a presentar demandas de inconstitucionalidad contra cualquier regla o medida.
De acuerdo con el Senado , México se encuentra rezagado ante varios países latinoamericanos , ya que solo cuenta con una organización por cada 3,000 personas, al tiempo que en Chile el promedio es de una por cada 157 y en Argentina de una por cada 344.
Las ONG mexicanas también han criticado a los legisladores, al argumentar que los organismos civiles sólo son consultados cuando el Congreso enfrenta problemas de coyuntura nacional . “Muchas veces nos sentimos utilizados”, expresó uno de sus representantes.
Editado por Sofía Danis
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