Es urgente que los organismos internacionales empiecen a reconocer que las familias también son víctimas de la tortura cuando uno de sus integrantes la sufre, afirmó el periodista mexicano Olivier Acuña Barba durante su participación en la 67 sesión del ( CAT ) de Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada.

Periodista desde 1984, Acuña Barba fue detenido arbitrariamente y torturado por policías en 2006 en Sinaloa , donde pasó dos años encarcelado por un delito que no cometió ; perdió su hogar y propiedades, fue separado de su familia y hoy vive exiliado en Europa.

“En mi caso ante la ( CIDH ) de la OEA —donde denunció las amenazas de muerte en su contra y el acoso sufrido por su familia—la única persona considerada víctima de tortura soy yo. En los demás casos que conozco, quien es detenido o secuestrado es considerado una víctima de tortura , pero no sus hijos o su pareja”, enfatizó.

“Los gobiernos cuyas fuerzas armadas o policía amenazan, acosan y finalmente, infligen verbal y físicamente una pena cruel e inhumana a una persona, deben saber que están torturando a toda su familia y por tanto destruyendo sus vidas”, declaró Acuña Barba en su testimonio obtenido por .

En una sesión cerrada ante el CAT , debido a la naturaleza de su caso como sobreviviente de tortura , el periodista, quien cubrió asuntos de alto impacto relacionados con el crimen organizado y derechos humanos , además de haber trabajado para medios como , y , insistió en que es considerado por organismos mexicanos e internacionales como la única víctima de tortura , “cuando de hecho mi esposa, mi hija y mi hijo también son sobrevivientes del mismo delito ”.

En ese marco, Acuña Barba señaló que las familias de sus colegas Óscar Rivera Inzunza y Javier Valdez Cárdenas , asesinados en 2007 y 2017 , también recibieron amenazas de muerte sin que nadie haya hecho nada para ayudarlas.

Sus asesinatos no sólo permanecen impunes , sino que sus familias siguen vulnerables , desprotegidas y sin representación legal o de derechos humanos . Quisiera que hubiera una vía para hacerles justicia, a fin de que tengan la conclusión que merecen”, aseguró.

En el testimonio, Acuña Barba, representado desde 2015 por la organización humanitaria , detalló que al ser torturado por espacio de 16 horas, a manos de al menos nueve policías en enero de 2006, fue ahogado , asfixiado , aplastado y golpeado .

“Y entonces, ocurrió lo peor… me dijeron que tenían a mi familia en el cuarto de al lado y que traerían a uno por uno para torturarlos y matarlos hasta que les dijera lo que querían saber”, expuso.

Firmar una declaración

Las autoridades de Sinaloa acusaron a Acuña Barba de estar involucrado en el homicidio de un joven en Culiacán y de ocultar un arma que pertenecía a la oficina del procurador general. Lo condujeron a la fiscalía y lo obligaron a firmar una declaración.

Permaneció dos años en prisión, donde recibió nuevas amenazas de muerte y fue recluido temporalmente en las secciones para enfermos mentales. Después de que resultó exonerado y liberado en mayo de 2008 , Acuña Barba y sus familiares siguieron bajo acoso y amenazas ; eventualmente , abandonó México .

Su carrera quedó dañada permanentemente. Nadie ha sido arrestado o castigado por los delitos cometidos en contra del periodista, quien ha pasado por seis exámenes médicos especializados , la mayoría de los cuales aseguraron cumplir con el Protocolo de Estambul , aunque en realidad exhiben serias deficiencias técnicas.

Algunos de los reportes fueron elaborados por expertos que trabajaban para las mismas instituciones acusadas de perpetrar la

tortura

. La mayoría presenta de manera negativa a Acuña Barba y niega que haya sido torturado.

Un informe médico preparado en 2018 por el doctor Pau Pérez-Sales , miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría y destacado especialista en reportes compatibles con el Protocolo de Estambul, concluye que los primeros expedientes carecen de la objetividad y del rigor necesarios en este tipo de casos.

El reporte del doctor Pérez-Sales determinó que Acuña Barba continúa padeciendo un severo Desorden de Estrés Postraumático ( PTSD ), a consecuencia de su tortura .

El Comité Contra la Tortura de la ONU es el cuerpo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes , suscrita por México en 1985.

Desafortunadamente, como Acuña Barba resaltó, “ las viejas prácticas y costumbres nunca mueren ” pese al nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador .

“Una clara señal de lo anterior, al menos en mi opinión, apareció justo aquí, donde hace apenas tres meses Martha Delgado Peralta , al frente de una delegación mexicana sobre derechos humanos con 23 funcionarios, por un lado aceptó que la situación de México no es positiva, pero de inmediato cuestionó con incredulidad las conclusiones reveladas por Diego Rodríguez Pinzón , ex relator del CAT ”, indicó.

En una reacción “muy decepcionante”, Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, admitió en una sesión del CAT en abril el “ enorme desafío ” de reducir y erradicar la tortura ; sin embargo, declaró que “no es algo que podamos resolver en unos meses”.

Por su parte, Rodríguez Pinzón destacó la situación endémica de la tortura en México , que no ha mejorado desde la última evaluación del CAT en 2012 . El relator de la ONU resaltó el establecimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , pero lo importante es llevarla a la práctica y hay aspectos pendientes para aplicarla.

El gobierno no ha creado fiscalías especializadas en todos los estados y no existen recursos destinados a la operación del Registro Nacional del Delito de Tortura , puntualizó Rodríguez Pinzón.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ( ENPOL ) efectuada en 2016 por el gobierno federal, 63% de los detenidos fue blanco de violencia física durante su detención , incluyendo violencia contra sus familiares. No obstante, la ENPOL no sería realizada este año, agregó, debido a recortes presupuestales.

México es el segundo país más mortífero para los periodistas después de Afganistán

, con un total de 11 homicidios en 2018, aseveró en su reporte anual la .

El lunes, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ( ) condenó el asesinato de tres periodistas en la semana entre el 30 de julio y el 2 de agosto en Morelos , Guerrero y Veracruz , que elevó el número de homicidios este año a 10.

Además, la redacción del periódico en Chihuahua fue atacada con cocteles Molotov.

La situación de los periodistas y de los defensores de derechos humanos en México sigue siendo muy preocupante . “Poner fin [a la impunidad] será la mejor medida de prevención para quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística”, afirmó Jan Jarab , titular de la oficina del ACNUDH en el país .

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