La virtual eliminación del sistema de asilo de Estados Unidos anunciada esta semana por la administración Trump no detendrá a la ola migratoria de Centroamérica y otros países; por el contrario, agudizará los problemas que Estados Unidos y México enfrentan en su frontera a largo plazo.
Como lo hemos hecho notar a través de la crisis migratoria , las decisiones del presidente estadounidense , Donald Trump , basadas en ganancias electorales y la movilización de sus seguidores incondicionales, están llevando al surgimiento de nuevos peligros y la polarización de las sociedades , ya sea a lo largo del río Bravo o en cuanto a la relación entre los poderes en Washington.
En el caso del sistema de asilo , las restricciones en vigor desde que fueron publicadas el martes por los departamentos de Justicia y de Seguridad Interna en el Federal Register impedirían a cientos de miles de personas solicitar protección en Estados Unidos.
Las restricciones prohibirían las peticiones de asilo formuladas por cualquier persona que haya pasado por otro país rumbo a Estados Unidos , lo que abarcaría en esencia a todos excepto los residentes en México, que integran una pequeña fracción de los solicitantes.
Sólo en casos excepcionales, como cuando un migrante solicite asilo en cualquier otro lugar y se le haya denegado, dicha persona sería elegible para pedir protección en Estados Unidos .
Hasta esta semana, la ley de asilo reconocía el derecho de cualquier persona que llegara a la frontera de Estados Unidos a solicitar protección , así como a argumentar que enfrentaba tortura o persecución en su país, sin importar la forma en que hubiera arribado a la frontera.
La legislación incluía una excepción importante en los casos en que Estados Unidos hubiera negociado un acuerdo de “ tercer país seguro ” con otro gobierno. Bajo esos acuerdos, como el vigente entre Washington y Canadá, los migrantes deben realizar su petición en el primer país con condiciones de seguridad al que lleguen .
Sin embargo, las nuevas reglas eliminaron esa posibilidad , requiriendo de hecho que los migrantes presenten su solicitud en cualquier país al que lleguen, ya sea seguro o no de acuerdo con Estados Unidos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ) y varios organismos estadounidenses, como la Unión por las Libertades Civiles ( ACLU )—que demandaron a la administración Trump para bloquear las nuevas reglas—resaltaron el impacto directo que tendrán las restricciones en las familias y menores no acompañados de Centroamérica , que son la mayoría de los migrantes que arriban a la frontera sur de Estados Unidos.
No obstante, se aplican a cualquier nacionalidad, incluyendo los numerosos haitianos , cubanos y africanos que atraviesan América del Sur y Central , así como México , para pedir asilo en la frontera.
La nueva política tiene excepciones: si un migrante ha sido traficado , ha solicitado protección previa en un país y fue rechazado , o bien si ha pasado por un país que no sea signatario de los tratados internacionales en la materia . Sin embargo, México y todos sus vecinos de Centroamérica los han firmado .
Familias en riesgo
Filippo Grandi
, titular del ACNUR , expresó su profunda preocupación sobre los cambios , al destacar que “ pondrán a familias vulnerables en riesgo [y] socavarán los esfuerzos de la región para elaborar las respuestas coherentes y colectivas que se necesitan”.
Grandi añadió que “ amenazan el derecho a la defensa ante la devolución , incrementa significativamente el peso de las pruebas para los solicitantes más allá de los estándares internacionales, recorta claramente las garantías básicas y las libertades de aquellos que logran cumplirlos y no son acordes con las obligaciones internacionales”.
Las consecuencias para México son obvias y no tardarán en aparecer, en particular en la frontera norte ya desbordada por la población flotante de migrantes y solicitantes de asilo .
México
ha tomado medidas sin precedente para frenar el flujo de personas desesperadas que se dirigen hacia Estados Unidos, al desplegar 25,000 tropas de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala y en otros puntos de tránsito claves.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó servir como filtro contra los migrantes después de que Trump amenazó , el 31 de mayo , con imponer aranceles crecientes a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos .
Ambos países negociaron el 7 de junio un plazo de 45 días para reducir el número de migrantes con rumbo a Estados Unidos . López Obrador también acordó ampliar el mecanismo para devolver del país vecino a México a los solicitantes de asilo, a fin de que esperen ahí el proceso.
Según los críticos esta medida, junto a las restricciones anunciadas el lunes por Washington, indica que en los hechos México se ha convertido en un “ tercer país seguro ”, aunque Marcelo Ebrard , secretario de Relaciones Exteriores , descartó cualquier cambio que requiera aprobación previa del Congreso.
Ebrard dijo que México no está de acuerdo con las reglas estadounidenses y que planea mantener la política de asilo y refugio establecida en su Constitución y tradiciones históricas. Los solicitantes rechazados por Estados Unidos, afirmó, deberán regresar a sus países de origen y no a México.
Los nuevos acontecimientos serán abordados el domingo por Ebrard y el secretario de Estado , Mike Pompeo , en la Ciudad de México. Las conversaciones, que incluirán comercio y un plan de desarrollo para América Central , están programadas en la víspera de que termine el plazo de 45 días mencionado para evitar la imposición de costosos aranceles a las exportaciones mexicanas .
Mientras que la opinión pública en México ha apoyado la colaboración ofrecida a la Casa Blanca por López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo , líder de la Cámara de Diputados , ha surgido como la voz discordante en el gobierno federal dominado por el partido Morena.
El ex embajador ante la ONU y la Unión Europea , que también trabajó en la administración conservadora del presidente Vicente Fox ( 2000-2006 ), cuando México y Washington intentaron negociar un acuerdo migratorio integral abortado por los republicanos y los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, ha rechazado militarizar al Instituto Nacional de Migración y la violación de los derechos humanos por las presiones de la Casa Blanca.
“Dicen que no aceptamos la idea de un ‘ tercer país seguro ’. Jurídicamente no, pero en la práctica lo estamos haciendo , y consiste en que quien llega a un país ya no puede salir a otro. Llegan aquí y ya no pueden ir a Estados Unidos. Así que sin decirlo lo estamos implementando”, aseguró Muñoz Ledo.
Cualquiera que sea el resultado del encuentro entre Ebrard y Pompeo, es evidente que la solución a largo plazo del fenómeno migratorio debe incluir la voluntad política de Washington para promover un desarrollo real y la democracia en Centroamérica , en el Caribe y en otras naciones .
No puede ignorarse que la insistencia en respaldar intereses privados y empresariales en nombre de la “ seguridad nacional de Estados Unidos ”—ejemplificada por los golpes contra los presidentes reformistas Jean-Bertrand Aristide de Haití en 2004 y Manuel Zelaya de Honduras en 2009 —ha allanado el terreno para el clima de privación económica extrema , persecución y horrible violencia de bandas brutales, en palabras de Grandi, que expulsa de sus hogares a millones de personas.
Editado por Sofía Danis
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