Más Información
La administración Trump prosigue su demolición implacable del viejo orden multilateral y la Corte Penal Internacional ( CPI ) es el nuevo blanco de sus sanciones, debido a la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses e israelíes en Afganistán y Palestina .
Recomentado: El “acuerdo del siglo”. ¿Otros cien años de injusticia en Palestina?
La semana pasada, la Casa Blanca impuso sanciones económicas a funcionarios de la CPI “involucrados directamente con cualquier intento de investigar o juzgar a personal de Estados Unidos sin su consentimiento”, al argumentar que la averiguación amenaza subvertir la soberanía de Estados Unidos y someter a funcionarios estadounidenses y aliados al “acoso, abuso y posible aprehensión”.
La orden ejecutiva anunciada por el secretario de Estado Mike Pompeo , expedida dos meses después de que la Corte aprobó la investigación sobre potenciales crímenes de guerra de tropas estadounidenses y agentes de la CIA en Afganistán , también amplió las restricciones de visas a funcionarios de la CPI y sus familias.
Sin embargo, Fatou Bensouda , fiscal en jefe de la CPI , declaró el lunes que no se dejará desviar de su misión de procesar a criminales de guerra , incluyendo al Talibán y fuerzas gubernamentales en Afganistán .
“Los ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de interferir con el imperio de la ley y los tribunales”, dijo Bensouda a VOA . “Un ataque a la CPI también representa un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces , para muchas de las cuales la CPI representa la última esperanza de justicia ”, subrayó la jurista gambiana, blanco de una campaña de desprestigio en la prensa israelí por presuntos vínculos con grupos “ terroristas ”.
Estados Unidos
revocó la visa de Bensouda en 2019, pero ha podido viajar a Nueva York varias veces para reportar su trabajo al Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas .
“Veo las restricciones de visa y las amenazas que lanzó Estados Unidos como claros intentos de interferir con la independencia judicial y procesal de la Corte para cumplir objetivos políticos”, señaló al agregar que la CPI está acostumbrada a la presión, luego de que dirigentes africanos la criticaron por su enfoque desproporcionado en el continente.
El 8 de junio, Bensouda indicó a la Cámara Preliminar de la CPI que las pesquisas sobre Israel pueden proceder pese a la aplicación continua de los Acuerdos de Oslo de 1993-1995 entre Israel y la Autoridad Palestina ( AP ), como el Estado hebreo , Washington y algunos aliados europeos han sostenido.
Según Pompeo, la Corte carece de autoridad para efectuar la indagación porque Israel —como Estados Unidos , Rusia , China e India —nunca se unió al Estatuto de Roma que dio paso a la creación de la CPI en 2002.
También manifestó que los palestinos “no están calificados para obtener membresía completa o participar como Estado en organizaciones, entidades o conferencias internacionales, incluyendo la CPI ”.
No obstante, mientras que Israel suscribió el Estatuto de Roma , que constituye el marco legal de la Corte, pero nunca lo ratificó, en 2015 la CPI fue uno de los primeros órganos internacionales que aceptó a Palestina como Estado integrante .
El 19 de mayo, Mahmud Abbas , presidente de la AP, afirmó que su gobierno ya no se considera limitado por los Acuerdos de Oslo , ante los planes israelíes para anexar 30% de la Cisjordania ocupada.
Recomentado: La anexión israelí del Valle del Jordán, nuevo golpe a la paz en Medio Oriente
Cacería de cabezas
Para el primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu , el tribunal con sede en La Haya “está politizado y obsesionado con realizar una cacería de cabezas contra Israel y Estados Unidos ”, aunque la reacción global a las sanciones fue diferente.
“ Reino Unido apoya enérgicamente a la CPI para atajar la impunidad de los peores crímenes internacionales ”, destacó el canciller británico Dominic Raab .
Los funcionarios de la Corte “deben ser capaces de efectuar su trabajo con independencia e imparcialidad, así como sin temor a sanciones”, expresó Raab en una declaración similar a la postura de la ONU , la Unión Europea y organismos de derechos humanos.
Es evidente que la CPI está acostumbrada a la presión política como Bensouda resaltó por la naturaleza de su misión, pero también por la falta de interés de las potencias para cooperar con su trabajo y, por tanto, por su incapacidad para investigar violaciones desde Irak hasta Colombia.
Concebida como un tribunal de última instancia para procesar delitos que de otra forma quedarían impunes, las contradicciones de la CPI y su sesgo fueron tan obvios que en 2017, durante la cumbre de la Unión Africana ( UA ) en Adis Abeba , 16 países anunciaron su intención de abandonar el organismo internacional.
La medida se revirtió, sin embargo, después de que Sudáfrica y Gambia retiraron sus notificaciones respectivas a la ONU , dejando a Burundi como el único país que salió de la Corte.
, ex presidente de Sudán requerido por la CPI por cargos de supuesto genocidio en Darfur —una acusación que sólo Estados Unidos respalda—estuvo presente en la cumbre de Adis Abeba .
Dos años atrás, un tribunal sudafricano criticó al gobierno del presidente Jacob Zuma por no detener a Bashir cuando participó en una reunión de la UA en Johannesburgo . Bashir fue derrocado por un golpe militar el año pasado en medio de protestas contra su régimen.
Recomendado: ¿Qué sigue para Sudán después de la larga dictadura de Omar al-Bashir?
El lunes, un fiscal sudanés consideró que los nacionales buscados por la CPI no podrían ser extraditados a La Haya , aludiendo a “obstáculos legales” con respecto a la soberanía del país.
En el mismo sentido, Tanzania , Benin y Costa de Marfil revocaron en los últimos seis meses el derecho de individuos y ONG a demandarlos ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos , lo que deja sólo seis Estados miembros en los que el tribunal tiene esa facultad.
Inspirada en los Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial y las cortes penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda , la CPI tiene jurisdicción en cuatro delitos principales: genocidio , crímenes contra la humanidad , crímenes de guerra y el crimen de agresión ; 123 naciones, incluyendo a México , son parte del Estatuto de Roma y reconocen su autoridad.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia ( CIJ ), la CPI no integra el sistema de la ONU y su relación bilateral es regulada por un convenio separado. La CIJ , que es uno de los cinco principales órganos de la ONU , se concentra en diferendos entre naciones.
Hasta ahora, 45 personas, todas africanas, han sido acusadas ante la CPI, entre ellas el ex dirigente libio Muammar Gaddafi y los ex mandatarios de Kenia y de Costa de Marfil , Uhuru Kenyatta y Laurent Gbagbo .
Mientras que las contradicciones de la CPI mencionadas fueron explotadas para instigar operaciones de “cambio de régimen” en países como Libia — Estados Unidos votó en el CS por llevar a Gaddafi a la Corte en 2011—, también sirvieron para exponer otras serias incongruencias del sistema multilateral.
Por ejemplo, en 2015 Faisal bin Hassan Trad , embajador saudita ante los organismos de la ONU en Ginebra , fue elegido titular del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos , que nombra a sus expertos independientes, pese al funesto historial de abusos y discriminación contra las mujeres y las minorías de El Riad .
Recomendado: Mujeres al volante en Arabia Saudita: ¿Son posibles las reformas sociales y económicas?
Aún peor, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ( EAU ) se han salido con la suya en Yemen , donde más de 100 mil personas han muerto en los últimos cinco años a causa de su invasión , ataques aéreos contra civiles , hambruna y cólera .
Es la misma Arabia Saudita que fue borrada esta semana de la lista global de entidades cuyas acciones en conflictos han dañado a niños por Antonio Guterres , secretario general de la ONU , sin mencionar su financiamiento al Estado Islámico y el escandaloso asesinato en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía .
Recomendado: El caso Khashoggi expone crudamente los estrechos límites de las reformas saudíes
El miércoles, el Consejo de Derechos Humanos sostuvo un debate urgente sobre las denuncias de “ racismo sistémico , violencia y brutalidad policial contra manifestantes pacíficos” en Estados Unidos y otros lugares, en el contexto del homicidio de George Floyd en Minneapolis .
Durante la sesión en Ginebra , solicitada por Burkina Faso a nombre de las 54 naciones africanas, Philonise Floyd , hermano de George, pidió establecer una comisión investigadora del racismo y la brutalidad policiaca en Estados Unidos. “Les estoy pidiendo que nos ayuden, a los afroamericanos en Estados Unidos ”, enfatizó Floyd en video.
Recomendado: La Casa Blanca bajo asedio: cinco reflexiones sobre las protestas en Estados Unidos
Bajo los lineamientos de la ONU, las comisiones de investigación buscan recolectar informes y recomiendan medidas para reparar daños y hacer justicia a las víctimas , así como para que los responsables rindan cuentas.
Por su lado, Michelle Bachelet , alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos , llamó a tomar “medidas y decisiones rápidas” sobre la discriminación sistémica y para el apoyo de “la gente de ascendencia africana en todo el mundo”. Washington, empero, se retiró del Consejo en 2018 al tacharlo de “organización hipócrita e interesada”.
Las poderosas y agresivas fuerzas nacionalistas desatadas hace cuatro años por el presidente estadounidense Donald Trump están ocupadas en la demolición del orden multilateral . Apenas el mes pasado, Trump decidió retirarse del Tratado sobre Cielos Abiertos , un instrumento clave para el control de armas nucleares y convencionales.
Recomendado: El reloj nuclear sigue corriendo: Estados Unidos abandona el Tratado de Cielos Abiertos
Esta semana, Reuters reveló que la Casa Blanca también determinó abandonar después de 33 años el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles ( RCTM ), a fin de vender drones avanzados a Arabia Saudita , los EAU y otros países.
La medida, advirtieron expertos, aumentará el genocidio en Yemen y marcará el fin del RCTM , un acuerdo con 34 Estados signatarios diseñado para frenar la proliferación de misiles nucleares y otras armas de exterminio masivo .
Editado por Sofía Danis
Más artículos de Gabriel Moyssen
