La presentación del Plan Nacional de Desarrollo ( PND ) la semana pasada por el presidente de México , Andrés Manuel López Obrador , puso sobre la mesa otra vez el tema de la despenalización de las drogas , mientras el país lucha para contener la creciente violencia del crimen organizado .
De acuerdo con el PND, como López Obrador prometió durante su campaña electoral en 2018, el gobierno federal mexicano ha emprendido un “ cambio de paradigma ” en la seguridad nacional y pública, debido a la “insostenible” estrategia prohibicionista y sus “resultados catastróficos”, que dejaron más de 250,000 homicidios desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas ” en 2006.
“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de [ aquellas ] que son actualmente ilegales y en la reorientación de los recursos destinados a combatir el narcotráfico, con objeto de aplicarlos en programas —masivos pero personalizados— de rehabilitación y desintoxicación ”, establece el documento.
En los primeros tres meses de la administración de López Obrador, la violencia relacionada con las drogas se ha disparado en México, con 8,525 asesinatos, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo de los dos años previos entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, cuando 7,565 homicidios fueron registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública .
Sin embargo, el PND no precisa qué estupefacientes serían despenalizados, si bien la secretaria de Gobernación , Olga Sánchez Cordero , presentó en noviembre como senadora una propuesta de ley para regular la marihuana .
La propuesta permitiría el uso lúdico, comercial y científico de la cannabis y sus derivados . También permitiría a los ciudadanos mexicanos sembrar, cultivar, cosechar, hacer uso, preparar y transformar un máximo de 20 plantas de marihuana para consumo personal mientras no excedan 480 gramos por año .
La actitud pública y gubernamental hacia el uso de marihuana ha cambiado en los últimos años, al seguir el ejemplo de Estados Unidos y de varios países europeos.
Hace ocho años, los mandatarios de México , Colombia y Guatemala llamaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a organizar una sesión especial dedicada a la reforma de las drogas en 2016 . La resolución ómnibus correspondiente fue patrocinada por México y co-patrocinada por 95 miembros del organismo internacional.
Al hablar ante la sesión especial, el entonces presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo enfoque de México hacia los narcóticos estaba basado en los derechos humanos y la salud pública , evitando la criminalización de los consumidores.
Cargos por marihuana
Un mes después, Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de ley para legalizar los medicamentos con cannabis , autorizar la portación de 28 gramos de marihuana y liberar a ciertos presos convictos por cargos relacionados con la droga .
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) determinó que el gobierno carece del derecho constitucional a detener a una persona por su “ derecho civil ” a cultivar marihuana .
Los factores económicos también jugaron un papel significativo. Para 2016 , cuatro estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia habían legalizado la cannabis médica y recreativa , mientras que 20 estados más autorizaron su empleo como medicamento .
El mercado legalizado creció de USD $6 mil millones a USD $52 mil millones este año y la industria calcula que el impacto económico alcanzaría hasta USD $77 mil millones para 2022, dando trabajo a casi medio millón de personas.
Incluso en ausencia de una ley en vigor, el expresidente mexicano Vicente Fox es un promotor de la legalización de la marihuana , como miembro de los consejos directivos de la revista especializada High Times y de Khiron Life Sciences Corp . , empresa con sede en Canadá enfocada en los mercados de América Latina .
Las cosas son muy distintas respecto a las drogas duras . Desplazados del mercado de Estados Unidos por los productores locales, legales y sofísticados que cultivan cepas más potentes de cannabis en invernaderos hidropónicos, los productores mexicanos de marihuana silvestre recurrieron a la tradicional goma de amapola mezclada con químicos para fabricar heroína .
Ahora el Cártel de Sinaloa y otras grandes organizaciones del narcotráfico están en el negocio del fentanilo , un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína responsable, junto a medicamentos recetados como el oxycodone , de la “ epidemia de opiáceos ” en Estados Unidos.
El año pasado, el senador Alfonso Durazo Montaño , hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana , confirmó el plan de Sánchez Cordero para ofrecer amnistía a quienes produjeron drogas para los carteles , así como para quienes fueron empleados como “ mulas ” para su transporte o como vigilantes .
Exmagistrada de la SCJN, Sánchez Cordero afirmó que la producción de amapola sería legalizada, a fin de abastecer a la industria farmacéutica , ya que México importa los opiáceos que requiere para uso médico.
No obstante, este punto no es mencionado en el PND y México necesitaría la aprobación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes , el órgano independiente a cargo de aplicar las convenciones de la ONU sobre drogas.
Dado el enfoque prohibicionista de la Casa Blanca y sus invectivas contra los carteles mexicanos , será difícil que esta iniciativa llegue a materializarse.
López Obrador rechazó esta semana el acuerdo de cooperación bilateral antinarcóticos conocido como la Iniciativa Mérida , al subrayar que sus recursos deberían asignarse a programas de desarrollo y creación de trabajos en el sur de México y en América Central.
Una piedra angular de la “ guerra contra las drogas, ” la Iniciativa Mérida de USD $3 mil millones fue negociada por las administraciones Bush y Calderón en 2008.
Por primera vez, el Ejército Mexicano , históricamente renuente, fortaleció su cooperación con las fuerzas armadas estadounidenses; el financiamiento también ayudó a entrenar a las agencias policiacas mexicanas y respaldó programas judiciales.
Un reporte del 11 de marzo del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos destacó que “los críticos de la Iniciativa Mérida se han concentrado en la persistente violencia, el pobre expediente en derechos humanos del gobierno y la incapacidad de las fiscalías para asegurar condenas. Los homicidios en México se encuentran en niveles récord”.
Añadió que algunos observadores sostienen que López Obrador se ha adaptado al “énfasis de la administración Trump en el combate a la migración de América Central y podría apoyar otras prioridades de Estados Unidos, pese a las críticas internas que recibiría”.
Editado por Sofía Danis
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