De la inmigración , el narcotráfico y el comercio a la carrera por la Casa Blanca , hay grandes temas en la relación México-Estados Unidos que estarán bajo los reflectores en 2020.
Al acercarse el fin de año, esta columna pasa revista a dichos temas con particular énfasis en sus implicaciones para México , donde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador entrará a su segundo año completo en vísperas de los cruciales comicios intermedios de 2021 .
Comercio internacional
El escándalo de esta semana en México respecto a las inspecciones laborales del Departamento del Trabajo estadounidense , avaladas por el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), ha expuesto las concesiones hechas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) a fin de ratificar el pacto comercial y reanudar el crecimiento económico , después de que fue negociado en 2017-2018 .
La imposición de una adenda al T-MEC con disposiciones laborales, ambientales, farmaceúticas y de resolución de controversias por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos , como las inspecciones mencionadas—consideradas una “ línea roja ” en México , debido a razones históricas y políticas—fue aceptada rápidamente por el subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade , negociador en jefe, sin participación directa en las conversaciones del sector empresarial mexicano.
Cuando surgieron las noticias acerca de las inspecciones laborales , Seade voló de inmediato a Washington y Robert Lighthizer , representante comercial de Estados Unidos , le envió una carta oficial explicando que su gobierno incluyó un texto en la ley de implementación del T-MEC que autoriza hasta cinco agregados del Departamento del Trabajo en la embajada estadounidense en México , que se desempeñarán con sus contrapartes locales, “trabajadores y grupos de la sociedad civil, en la aplicación de la reforma laboral mexicana”.
Estos funcionarios no serán “ inspectores laborales ” y acatarán todas las leyes mexicanas pertinentes, añadió Lighthizer , mientras que Seade se declaró “muy satisfecho” con su respuesta.
Sin embargo, en el texto final del acuerdo presentado por el Ejecutivo mexicano al Senado en mayo, antes de la aprobación de la adenda, el capítulo laboral establece que las partes podrán desarrollar actividades de cooperación en áreas como “inspectores y sistemas de inspección del trabajo, incluidos métodos y capacitación para mejorar el nivel y la eficiencia de la aplicación de la ley laboral, fortalecer los sistemas de inspección del trabajo y ayudar al cumplimiento de las leyes laborales”.
Inmigración
La buena relación entre los gobiernos de AMLO y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se ha concretado por la inédita cooperación mexicana para frenar los flujos migratorios indocumentados de Centroamérica y otros países.
Para resumir este punto, México no está pagando el muro fronterizo de Trump, pero ha desplegado 60,000 soldados y tropas de la Guardia Nacional en sus límites sur y norte que operan como una virtual agencia migratoria.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos , la detención de trabajadores indocumentados y solicitantes de asilo en ese país cayó de 144,116 en mayo a 45,250 en octubre, una reducción de 70% que regresó los números a los niveles de 2018.
Por primera vez en 18 meses, la mayoría de los migrantes y “ extranjeros inadmisibles ” detenidos provino de México y no del “ Triángulo del Norte ” centroamericano , compuesto por Guatemala , Honduras y El Salvador .
Como sabemos, la Casa Blanca amenazó a México con imponer tarifas progresivas a sus exportaciones si los flujos migratorios no eran detenidos; para el secretario de Relaciones Exteriores , Marcelo Ebrard , la “estrategia netamente nacional” aplicada en reacción por el gobierno de AMLO fue “exitosa” y ahora Washington debe corresponder, mediante el combate al tráfico de armas en la frontera.
No obstante, esta reducción en México , combinada con la política de “ tolerancia cero ” en Estados Unidos , pende de un hilo; América Central seguirá siendo una fuente principal de migración en tanto mantenga su bajo desarrollo social y económico, afectado por el narcotráfico , violencia , injerencia exterior y autoridades corruptas e incompetentes.
Narcotráfico y crimen organizado
La primera crisis bilateral en este tema enfrentada por la administración Trump se desarrolló apenas el mes pasado, cuando pistoleros emboscaron y asesinaron a seis niños y tres mujeres de la familia mormona méxico-estadounidense LeBarón en la Sierra Madre Occidental en Sonora . Otros seis menores resultaron heridos en el ataque a su convoy de tres vehículos.
La masacre , precedida por el retiro de las fuerzas federales en Culiacán , Sinaloa , luego de la captura de Ovidio Guzmán López , hijo de Joaquín El Chapo Guzmán , fundador del Cártel de Sinaloa —fue liberado tras una serie de ataques y bloqueos de calles por casi 200 pistoleros fuertemente armados—llevó a Washington a ofrecer ayuda militar y policial para las investigaciones y el combate al crimen organizado.
En un tuit, Trump resaltó el 5 de noviembre que “este es el momento para que México , con ayuda de Estados Unidos , comience una guerra contra los cárteles de las drogas y los borre de la faz de la tierra. ¡Sólo esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!”.
Empero, este mes afirmó que aplazará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas , a solicitud de AMLO.
Pocos días antes, Trump parecía estar listo para abrir las puertas de un peligroso intervencionismo en México , al asegurar que haría la designación para irrumpir en las finanzas de los cárteles mediante sanciones como el decomiso de bienes y prohibiciones de viaje, aunque la medida también encontró rechazo dentro de su gobierno.
En privado, algunos funcionarios advirtieron sobre el riesgo de dañar la relación y obstaculizar los esfuerzos de México contra las drogas.
Una vez más, esta situación podría cambiar según la agenda política de cada país. Tal como el tema de la migración , el narcotráfico ha estado en el centro del mensaje derechista y populista de Trump a su base electoral y su empleo no puede descartarse en la campaña del próximo año en Estados Unidos , si Trump sobrevive al proceso de destitución.
Desde febrero, los diputados federales Chip Roy y Mark Green escribieron al Departamento de Estado pidiendo que los principales carteles sean designados como terroristas extranjeros. Esta postura es compartida por la familia LeBarón , que intenta reunir 99,000 firmas por medio de la plataforma petitions.whitehouse.gov. antes del 24 de diciembre para obtener una respuesta de Trump.
Proceso electoral y juicio de destitución
Como el resto del mundo, México estará enfocado en la larga batalla por la Casa Blanca que alcanzará su culminación el 3 de noviembre de 2020 . Los votantes seleccionarán electores presidenciales que a su vez, el 14 de diciembre de ese año, elegirán un nuevo presidente y un vicepresidente o reelegirán a los titulares.
Vale la pena destacar que esta será la primera ocasión en que un mandatario en funciones es sujeto a juicio de destitución ( impeachment ) al mismo tiempo en que tiene lugar la campaña de los comicios primarios.
El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso respecto a sus tratos con Ucrania , por lo que el proceso en el Senado durante las primarias afectaría a los legisladores que buscan la nominación demócrata, ya que serán llamados a participar ahí en vez de concentrarse en sus campañas.
La votación en el Senado para destituir a Trump probablemente se realizaría a mitad de las primarias republicanas—la convención nacional del partido que formalizará su eventual candidatura se efectuará del 24 al 27 de agosto en Charlotte , Carolina del Norte —con Trump ya en la boleta.
Por lo pronto, Nancy Pelosi , titular de la Cámara baja , indicó que podría retener temporalmente los artículos de destitución ante el Senado controlado por los republicanos, como vía para forzar al líder de la mayoría, Mitch McConnell , a realizar un juicio en términos más favorables para los demócratas.
Si no hay acuerdo, reportaron medios estadounidenses el jueves, el proceso podría ser postergado indefinidamente, negando a Trump la esperada exoneración que impulsaría su popularidad.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 escaños en el Senado. Aprobar el veredicto de condena y remoción del cargo requiere 67 sufragios y ningún republicano ha señalado que votará en contra de Trump , el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que será enjuiciado por la Cámara baja .
Editado por Sofía Danis
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