Apenas es el principio del año, pero en España todos los ojos están puestos en el 17 de enero, ya que ese día puede abrirse otro capítulo en su interminable crisis política con la formación del nuevo Parlamento en Cataluña después de las elecciones del 21 de diciembre y de la efímera proclamación de una república independiente en octubre.
Como se esperaba—y como lo temía la Unión Europea—la apuesta electoral del gobierno central de Madrid, encabezado por Mariano Rajoy, terminó en un fracaso; los principales partidos separatistas, Juntos por Cataluña (JuntsxCat en catalán), Izquierda Republicana (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP), ganaron nuevamente los comicios, asestando un golpe a la estrategia de estabilización de Rajoy, que dependía de una victoria legislativa de los partidos unionistas: Su propio Partido Popular (PP) derechista, el centro derechista Ciudadanos y los Socialistas Catalanes (PSC).
Además, JuntsxCat y ERC lograron un acuerdo el miércoles que podría reelegir a Carles Puigdemont como presidente regional, a tres meses de que huyera a Bélgica ante la decisión del gobierno español de destituirlo por su papel en la organización de un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.
Sin embargo, no está claro cómo funcionará en la práctica el acuerdo, ya que el ex titular de la Generalitat sería arrestado al regresar al país bajo los posibles cargos de rebelión, sedición y desvío de recursos públicos para la campaña secesionista.
Una portavoz de ERC explicó que el equipo jurídico del partido analiza si Puigdemont puede ser investido mediante una videoconferencia o si uno de los parlamentarios de su bancada leería el discurso que corresponde a los candidatos al gobierno, antes de que tengan lugar las elecciones en la sesión de investidura. Izquierda Republicana integró la última coalición en Barcelona y su líder, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, se halla en prisión en Madrid.
Por su parte, Ciudadanos, que ganó el voto popular y fue el partido unionista o constitucionalista más votado, con 25.4% del total—apenas cinco asientos son la diferencia entre ambos bloques—advirtió que una vez en el poder, los separatistas violarán otra vez la ley para impulsar el procés de independencia.
Alto costo económico
Algo está claro ahora: la recuperación económica y la estabilidad de España padecen justo cuando el agudo desempleo y el déficit finalmente están cayendo. El año pasado las Cortes Generales (Parlamento Nacional) no pudieron aprobar ninguna ley orgánica ni un decreto legislativo, resalta Jerónimo Andreu, corresponsal de EL UNIVERSAL en Madrid.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, consideró que el costo de la crisis asciende a mil millones de euros (mil 200 millones de dólares); indicó que el crecimiento en Cataluña disminuyó de 0.9% a 0.4% en el cuarto trimestre de 2017. “Cataluña registraba un crecimiento por arriba del español, era uno de los motores de la economía española”, declaró a la radio nacional. Alrededor de 3 mil 100 empresas, entre ellas Grupo Bimbo de México, han cambiado su domicilio legal anteriormente en Cataluña a consecuencia de la incertidumbre.
Los expertos en política señalan que la situación es producto del acuerdo democrático post franquista y de los estremecedores efectos de la profunda crisis económica de 2007-2008 combinados con los escándalos de corrupción, que también derivaron en 2011 en el movimiento popular 15 de Mayo, así como en el avance electoral de Ciudadanos y del partido izquierdista Podemos en 2015.
No obstante, es importante destacar que en paralelo con el movimiento independentista del País Vasco, las aspiraciones catalanas tienen sus raíces en la historia y se remontan al siglo XVIII. La próspera región del noreste disfrutó de autonomía cuando fue parte de la Corona de Aragón; después de las Guerras de Sucesión, los Borbones ampliaron su control a toda España y acabaron con la autonomía en 1716.
Con solo 16% de la población total, Cataluña aportó en los últimos años 21% de la recaudación fiscal de España, recibió solo en promedio 66% del financiamiento estatal y obtuvo apenas 8% de la inversión en infraestructura. A diferencia del País Vasco, a la región no se le concedió el derecho a recaudar el 100% de sus impuestos en la Constitución de 1978, aprobada tras la dictadura de Franco.
En 2006, los parlamentos español y catalán aprobaron un nuevo estatuto de autonomía que definió a Cataluña como una nación; sin embargo, Rajoy, entonces dirigente del opositor PP, denunció la medida en el Tribunal Constitucional, que anuló parte del texto en 2010.
Gradualmente, el respaldo a la independencia, al que se sumó el ahora disuelto partido liberal nacionalista Convergencia y Unión (CiU), durante largo tiempo en el poder en Barcelona, se consolidó en los sondeos en un clima de polarización, pese al hecho de que varias de las principales figuras del movimiento fueron también responsables de las duras medidas de austeridad y de los escándalos de corrupción.
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