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Tepic.—Desde el pasado 5 de marzo, después de que Morena la designara como virtual candidata de ese partido a la reelección en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, la alcaldesa con licencia Mirtha Villalvazo Amaya no se ha dejado ver en público y prácticamente ha desaparecido de sus redes sociales; el motivo, la investigación en la que la fiscalía del estado la involucra en un presunto fraude inmobiliario que afecta a la comuna y al Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba).
La campaña para la elección de alcaldías y diputaciones arranca en Nayarit el próximo 30 de abril y los partidos deben registrar a sus contendientes ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) entre el 16 y el 20 de abril próximos; sin embargo, de forma extraoficial ha trascendido que existe ya una orden de aprehensión en contra de Villalvazo.
Por el “sigilo de la investigación” la fiscalía del estado no ha confirmado la existencia de la orden de aprehensión; sin embargo, se ha filtrado a través de varias redes sociales una imagen del documento que ordena la captura de la edil, a quien se le acusa de “ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito”.
La orden de captura está fechada el 24 de marzo pasado, justo el día en que se hizo público que un juzgado de distrito con sede en la ciudad de Tepic negó a la alcaldesa con licencia un amparo para evitar ser arrestada porque hasta entonces no existía en su contra ninguna orden de aprehensión.
El caso en el que está involucrada Villalvazo Amaya deriva de las investigaciones de la llamada “Mega operación Nuevo Nayarit”, hecha pública por la fiscalía estatal a mediados de 2022 y que logró acreditar una defraudación superior a los 21 mil millones por parte de exservidores públicos (entre ellos el exgobernador Ney González) y empresarios que se adjudicaron, por lo menos, 70 terrenos en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas.
Siguiendo el hilo de esa investigación, la fiscalía logró obtener indicios que involucran a Villalvazo y tres funcionarios de la administración municipal en posibles actos de corrupción al permitir que un desarrollo turístico construido en la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle violara los lineamientos de construcción y el ordenamiento territorial del municipio. A finales de febrero pasado, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, hizo público el caso y a principios de marzo la dependencia a su cargo realizó un cateo en el desarrollo turístico señalado y aseguró algunos inmuebles.
Hasta ahora, de los cuatro funcionarios públicos acusados por la fiscalía, sólo ha sido arrestada Cecilia “N”, quien se desempeñaba como encargada de la dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas; según las investigaciones, fue ella quien firmó de forma irregular la constancia de habitabilidad del desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Oscar Verdín Camacho en su portal Relatos Nayarit, durante la audiencia de imputación de Cecilia “N”, la representación legal del complejo turístico en cuestión reveló que la alcaldesa con licencia posee ahí dos departamentos comunicados entre sí; según la fiscalía el valor comercial de estos inmuebles supera los 26 millones de pesos.
