El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, señala que si la Cámara de Diputados hace un recorte al presupuesto solicitado para 2024, el primer rubro afectado sería el fondo precautorio para el recuento de votos de las próximas elecciones.
En entrevista con EL UNIVERSAL, garantiza que el TEPJF contribuirá, como a lo largo de sus 27 años de historia, a la transmisión pacífica del poder y generar estabilidad política, resultado de procesos electorales limpios, legales, competitivos. Sostiene que el sistema electoral no está rebasado, pero hace falta que los partidos y actores políticos fortalezcan su cultura de la legalidad, apegándose más a los procesos establecidos y a las reglas que definen etapas y establecen restricciones.
Estima que habrá un aumento en la judicialización de las elecciones del siguiente año, y recuerda que en noviembre dos magistrados de la Sala Superior terminarán su encargo, pero el Tribunal está blindado para seguir sesionando en caso de que el Senado no designe a sus sucesores, como ocurrió con el Inai, y eso no pone en riesgo la calificación de la elección.
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¿Cuál es el mayor reto del Tribunal Electoral para el proceso electoral de 2024?
—El mayor reto me parece que será que a través de las decisiones que se tomen en las etapas de todo el ciclo electoral se vaya consolidando la confianza de los actores políticos, de los partidos y de la ciudadanía en el Tribunal. Finalmente es el órgano de última instancia que define las controversias locales y federales y califica la elección presidencial.
¿Esperan una mayor judicialización del proceso?
—Todos los procesos electorales presentan una tendencia de mayor judicialización a los periodos previos. Y esto ocurre cuando hay reformas electorales, pero también cuando hay altos contextos de competitividad. Entonces, seguramente sí habrá un incremento en el número de juicios por la propia dinámica del proceso. Desde la definición de coaliciones o las precampañas, van a empezar litigios en todo el año.
¿Hacen falta reformas, es suficiente el andamiaje electoral o está rebasado?
—Rebasado no está. Podrán mejorarse en el futuro y podrán tener una deliberación sobre qué sistema político-electoral quieren los partidos políticos. Lo que sí tenemos es una mayor competitividad. En el periodo de alternancia de 2015 a la fecha es el mayor que se haya visto; las tres alternancias de partidos políticos en la Presidencia.
Esas alternancias han sido posibles con el andamiaje actual, con lo cual hay evidencia clara de que no está rebasado. Con el marco legal, con las instituciones que hay como el INE y el Tribunal Electoral, también producto de consensos políticos, exigencias ciudadanas y de una evolución en las capacidades institucionales, creo que se ha demostrado que este andamiaje es eficiente y ha sido efectivo para tener una gobernabilidad democrática, una estabilidad política-electoral y resolver pacíficamente los procesos.
Desde la elección de 2015 hasta las elecciones locales de 2023 no ha habido un conflicto poselectoral. No podemos por una coyuntura, que es en la que estamos pensando de los procesos partidistas, juzgar o evaluar toda la capacidad institucional. Más bien hay que valorar y apreciar toda la fortaleza de estas instituciones y marco legal.
¿Le hace falta algo a la estructura electoral?
—No le hace falta nada en términos estructurales. Hace falta que los partidos, los actores políticos, fortalecieran su cultura de legalidad y política, apegándose a los procesos establecidos a las reglas que definen etapas y establecen restricciones. Lo que es claro es que hay insatisfacciones de algunos actores con la regulación actual, es decir, acotar las campañas como se hizo después de la elección de 2006 a petición de, sobre todo, la oposición en ese momento: PRD, PRI, los partidos distintos al PAN, y lograr un diseño que permitió las elecciones intermedias, 2015 y 2018, pero ya hay una reconfiguración del líder político.
¿Estos procesos internos de los partidos políticos no afectan el proceso electoral o son una especie de campaña anticipada?
—No podría decir si son campaña anticipada porque hay que juzgarlo en los casos concretos y que han presentado los participantes de esos procesos partidistas y también entre los partidos políticos.
El proceso partidista fue atendido por las instituciones electorales con las reglas que tenemos, reconociendo que por un lado había una cantidad de participantes con derechos de expresión, reunión, asociación, que no pueden ser limitados salvo que esté expresamente en la ley.
Tienes una cultura política que no se ha limitado salvo, en muy pocos casos, sus liderazgos y precandidaturas a la Presidencia a periodos de 60 días que se llevan a cabo conforme a la ley a partir de la tercera semana de noviembre y concluyen en diciembre. Las precampañas se legislaron como si este fuera un sistema político acostumbrado a tener primarias y no.
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¿Entonces, se hizo dentro del marco legal?
—Sí. También se les dijo con claridad que había restricciones legales: no podían llevar a cabo actos anticipados de precampaña o campaña. Si en estos procesos partidistas incurrieron en alguna de estas hipótesis, eso se juzgará en los casos concretos que se hayan denunciado. Algo que se pudo lograr por decisión del Tribunal, es que el INE emitiera lineamientos de fiscalización para que se hiciera en tiempo presente. Si algún objeto de gasto fue calificado como acto de precampaña irá a la fiscalización de ese gasto.
¿Habría alguna afectación a las funciones del Tribunal Electoral si hay una reducción a su presupuesto de 2024?
—El Tribunal elaboró un presupuesto responsable que garantiza el cumplimiento de nuestras funciones constitucionales y legales en el marco de este proceso electoral federal 2023-2024. Esperamos que no haya un recorte porque está justificado el presupuesto base, es decir, con el que opera el Tribunal. Hemos invertido en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de tal manera que el gasto base no se ha incrementado, o muy poco en términos de la inflación.
De proceso electoral estamos proyectando 960 millones, eso más un fondo contingente de 84.7 millones. Si no se llevan a cabo recuentos en sede judicial por el Tribunal Electoral y no se gasta un peso de aquí, se va a regresar la Tesorería; si se llevan a cabo algún recuento y sobra dinero, se regresa a la Tesorería. Si los recuentos salen más caros tomamos recursos de otras partidas para sacar adelante de esta tarea.
Si hubiera algún recorte, que esperamos que no, pues impactaría algunos de estos rubros, de entrada, el recuento. Entonces podríamos prescindir del fondo contingente para recuentos. Si hubiese algún recuento y no tenemos la solvencia presupuestal, entonces sí afectaría una función, que no es una ordinaria, sería consecuencia del litigio y tendríamos que valorar la solicitud de una ampliación presupuestal.
La ministra Norma Piña Hernández decía que la transmisión del poder estaba en riesgo si hubiese un recorte.
—El Tribunal Electoral ha contribuido, en sus 27 años como parte del Poder Judicial, a la transmisión pacífica del poder, a generar estabilidad política, que resulta de tener procesos electorales limpios, legales, competitivos.
Afortunadamente no hubo un cambio con una reforma legal, denominada plan B, que hubiese sido implementada en un proceso de esta magnitud, más de 20 mil cargos de elección. El Tribunal está preparado, tenemos nuestra planeación presupuestal y sustantiva para atender en el orden del litigio y otra serie de actividades.
Morena presentó una iniciativa para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, ¿lo ve legal?
—El Tribunal Electoral participa en dos fideicomisos. Uno que está en cero pesos, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica entre México y España.
El otro fideicomiso que sí es del Poder Judicial de la Federación, en el que el Tribunal Electoral participa, tiene como objetivo apoyar los gastos de atención médica de atención a la salud de las y los trabajadores del Tribunal. En ese fideicomiso el Tribunal aportó 10 millones de pesos; y al día de hoy, por rendimientos financieros, el saldo disponible para el Tribunal es de aproximadamente 17 millones de pesos. Se ha utilizado en dos ocasiones para ayudar a personal, a dos distintos, que por su condición socioeconómica y por la cobertura que tiene el ISSSTE o el seguro de gastos médicos mayores del Tribunal, no les alcanzó para cubrir todos los gastos.
¿No les afectaría como institución?
—A la gente que se ha beneficiado o se podría beneficiar de ese fideicomiso le afectaría. Como institución no, pero la institución es la organización y los funcionarios que forman parte de ella.
¿Existe un riesgo por la omisión de los nombramientos de dos magistraturas en noviembre próximo? Está el antecedente del Inai.
—Eso no aplica. El Tribunal Electoral ya ha tenido la falta de un magistrado, cuando concluyó Alejandro Luna Ramos. El Senado de la República nunca nombró, se quedó vacante un año más o menos, entre 2015 y 2016. Sí es lo ideal que el proceso de designación concluya en nombramientos, en todos los órganos, pero en el Tribunal Electoral venimos trabajando con cinco vacantes en las salas regionales desde marzo de 2022. Al tener una vacante lo que la ley prevé es que el pleno de la Sala Superior designe al secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad como magistrado en funciones o la Secretaría General de Acuerdos, por lo cual han venido operando de manera ordinaria.
En el caso de la Sala Superior, a diferencia del Inai, tiene como requisito de quórum para sesionar cuatro magistraturas, entonces quedamos cinco. No tendríamos alguna situación donde no se pueda sesionar en todo el proceso electoral. Y sólo hay una ocasión muy importante donde se requiere un quórum de seis para sesionar, y es el momento de la calificación de la elección presidencial. El pleno de la Sala Superior puede llamar a esa sesión a la magistrada o magistrado regional con mayor antigüedad.
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