Partidos políticos de oposición registran 46 casos de candidatos a diversos cargos de elección popular que renunciaron a sus aspiraciones por amenazas del crimen organizado.
En todos los casos no existe denuncia y liderazgos de los institutos políticos estiman que la cifra es tres o cuatro veces mayor, porque hubo aspirantes que ya no concluyeron el proceso de registro y terminaron haciéndose a un lado por presiones o represalias de la delincuencia.
De acuerdo con una investigación realizada por EL UNIVERSAL, 22 casos de candidatos que se bajaron por amenazas corresponden a integrantes del PRI; 10 del PAN y 14 del PRD; en MC no tienen registro de aspirantes que hayan renunciado a sus candidaturas por la inseguridad, mientras que Morena y sus aliados afirman no estar al tanto de este tipo de situaciones.
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Los aspirantes, quienes en su mayoría aspiraban a presidencias municipales, así como a diputaciones locales o federales, informaron a las dirigencias de sus estados sobre estas situaciones, pero evitaron denunciar y han pedido el anonimato en sus nombres y localidades por las que pretendían competir.
De forma paralela, los mismos partidos políticos han armado sus mapas de riesgo, en donde han encendido focos rojos en 15 de las 32 entidades, es decir, abarcan 46% del territorio nacional.
Los estados y municipios donde se advierten mayores riesgos de violencia durante este proceso electoral son: Chiapas, particularmente en los municipios de La Trinitaria, Las Rosas, Maravilla Tenejapa y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
En el mapa se encuentra 100% de los territorios de Guerrero, Michoacán, Jalisco (excepto Guadalajara), Sinaloa, Nuevo León (excepto el área metropolitana), Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas.
De manera parcial, destacan el norte y sur de Veracruz, el norte de Sonora, la franja de refinerías y gasoductos en Guanajuato, el norte de San Luis Potosí, y el Estado de México en su frontera con Michoacán.
El mapa de riesgo ha surgido a título personal de diversos liderazgos partidistas, quienes han generado sus propios registros ante la inacción del gobierno federal.
Desde la Cámara de Diputados, legisladores han solicitado una reunión con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, quien canceló un encuentro la semana pasada, en el que presentaría el mapa de riesgo oficial.
Hoy se tiene reagendado el encuentro; sin embargo, la funcionaria no ha confirmado su llegada.
Al respecto, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) crear un registro de violencia política electoral, y a los gobiernos federal y locales investigar de facto sin necesidad de que haya denuncia de por medio.
“Es importante que así como hay un listado de violencia política de género, en el INE se cuente con un listado de la violencia hacia los políticos que se genera desde la delincuencia organizada, y también creo que es importante que con mucha honestidad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de este país nos dé a conocer las zonas de riesgo que hay”, reclamó.
Para Moreira Valdez, el ambiente electoral está muy impactado por la violencia, por lo que la cifra que se conoce de personas que han desistido ser candidatos, podrían triplicarse o cuadruplicarse.
“Muchos han sido amenazados y el Estado mexicano tiene que garantizar unos procesos electorales seguros y que no se corra el riesgo de mayores intervenciones del crimen, creo que es importante que el Estado mexicano escuche las voces internacionales que no son una, son muchas, y que están relacionadas con la preocupación que tiene la comunidad internacional sobre el futuro democracia mexicana”, advirtió.
Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, lamentó que sean los partidos los que “tengamos que estar rogando” al gobierno federal seguridad para los candidatos a puestos de elección.
“Es vivir en un mundo surrealista, el tener que estarle suplicando al gobierno que vea y vele por la integridad, no solamente de quien aspira un cargo electivo, sino por todas las personas que vivimos en este país.
“Vemos un aumento en el número de amenazas y lamentabilísimamente cada vez más el número de personas que perdieron la vida y no llevamos ni un cuarto de la campaña. Lidiamos también con que las personas no quieren denunciar, los aspirantes que están siendo amenazados y no quieren denunciarlo porque saben que una denuncia seguramente no va a acabar en nada, en el mejor de los casos”, indicó.
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Al hablar sobre los riesgos, Romero Herrera consideró que todo México debe catalogarse como “zona de peligro”: “Incuestionablemente, en todo el país no tenemos que estar sectorizando, no creo que haya un solo lugar que esté exento, vemos que está en riesgo todo el país, me duele tener que decir que el mapa de riesgo es toda la República”.
Francisco Huacus, coordinador legislativo del PRD, quien está haciendo campaña con chaleco antibalas para buscar la reelección como diputado federal por Michoacán, confirmó que compañeros de su partido fueron bajados de la contienda por el narco.
“Aquí en Michoacán, Zacatecas y el Estado de México tengo confirmación de compañeros que les impidieron participar, fueron llamados por los grupos del crimen y los amenazaron, les dijeron que no participaran en este proceso, sobre todo compañeros que pretendían buscar las alcaldías”, subrayó.