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Para esta elección, la cifra de candidaturas independientes fue de 647 aspirantes (549 hombres y 98 mujeres) que buscan diferentes cargos y quienes tuvieron que sortear desde los requisitos que se les impone para contar con su registro, así como el darse a conocer en una campaña fuera de lo común con la presencia de la pandemia del Covid-19.
El estado que mayor número de candidatos independientes registró fue Tlaxcala, con 68, mientras que la entidad que menos registró fue Campeche, con tres.
Al respecto, Orlando Espinosa Santiago, profesor e investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), afirmó que las condiciones normativas y la legislación aplicable a la regulación a las candidaturas independientes en realidad lo que buscaban es impedir las candidaturas independientes.
“Dicho de manera muy simple: elevan los costos, elevan el esfuerzo. Si alguien dice: “Yo quiero ser candidato independiente”, va, pero brinque esta vara que está altísima y eso lo desincentiva”, dijo.
El especialista también refirió que tras la reforma de 2014 se dio una oleada de de independientes, con una opinión pública favorable y con la idea de que fueran antipartidos o antisistema.
Sin embargo, eso se diluyó y fue perdiendo interés en los medios de comunicación, y con la elección de 2018 se confirmó la centralidad de los partidos y la preeminencia de candidatos con larga trayectoria política.
“Al finalm muchos de ellos son independientes, no sólo por no tener conexión con un partido, pues, la verdad, son muy amateurs en la política, son muy inexpertos, no saben lo más básico.
“Yo lo que veo es que el electorado en general no encontró eco en los candidatos independientes, básicamente se olvidó de ellos”, indicó.
Sin embargo, las condiciones para los candidatos independientes están lejos de ser equitativos con los partidos políticos, pues, según consideró Espinosa Santiago, sería pedirle a ellos mismos que se hagan el harakiri, pues al final esa regulación pasa por el Congreso; quienes hacen las leyes son los legisladores y los congresistas son miembros de partidos políticos.
“La otra es que, aunque haya apertura para ciertos cargos, tampoco se logró incentivar la llegada de personas ciudadanas, por así llamarlos, que tuvieran un genuino interés por participar y renovar la política”, finalizó.
