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Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, busca impulsar desde el Congreso de la Unión una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y haga eficiente la impartición de justicia en todo el país.
“Lo que necesitamos hoy es una justicia que le sirva a la ciudadanía, debemos estar pensando en una justicia de corte más bien (...) social, que fortalezca los derechos sociales, que fortalezca toda la actuación que se tiene en términos de seguridad y sobre todo que tenga una perspectiva que maximice el ejercicio de los derechos fundamentales”, dice.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Nieto Castillo, postulado por Morena en la segunda fórmula del Senado por el estado de Querétaro, asegura tener la capacidad y experiencia para contribuir desde el Legislativo a contar con un mejor sistema de procuración e impartición de justicia.
Incluso describe que impulsaría un artículo transitorio, como el de Ernesto Zedillo para cambiar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Mi antecedente como magistrado electoral, como fiscal electoral, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como académico de la UNAM, ahora como procurador de Justicia en el estado de Hidalgo, me permite tener una visión panorámica respecto a lo que necesitamos en materia de justicia para mejorar y creo que ese es el punto central de mi deseo de postularme en el Senado de la República”.
En este marco, delinea cómo debería ser esa reforma judicial que le urge a México: “Yo creo que es importante separar de la Suprema Corte de Justicia las funciones de tribunal superior de legalidad que tiene con respecto a ese tema constitucional. Yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal debe mutarse también para tener un mayor número de integrantes, de externos, para poder realmente sancionar a los jueces y magistrados.
“Hoy hay una visión mayoritaria de integrantes del Poder Judicial que a lo largo de la historia (...) han dado cuenta de que han sido muy pocos los casos de magistrados que hayan sido sancionados por temas de corrupción”, remarca.
¿Es viable la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros, jueces y magistrados sean electos a través del voto popular?
—Yo creo que necesitamos ver un tema de legitimación democrática. Tienen los jueces una legitimación democrática indirecta que tiene que ver con cómo se legitiman respecto a sus sentencias, y yo lo que veo en este momento es que francamente muchas de las sentencias no legitiman la actuación del Poder Judicial de la Federación, sino al contrario, la hacen cada vez más sombría.
Puedo poner como un ejemplo los amparos que se conceden a [Francisco García] Cabeza de Vaca, pero también a personajes de otras latitudes, en su momento [Carlos] Romero Deschamps, etcétera, son cosas que creo que es importante que se revisen desde la estructura por parte del Poder Judicial.
A menos de seis meses de las elecciones de 2024, Santiago Nieto expresa también su preocupación por la crisis generada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Yo soy un convencido de que el Tribunal Electoral, después de los excesos que hemos visto y de las crisis de la Sala Superior, la última con la destitución de Reyes Rodríguez como presidente del tribunal, habla de la necesidad de que ese órgano tenga un mayor nivel de control por parte del Consejo de la Judicatura en su Comisión de Administración y que por supuesto haya una política distinta de integración incluso de los magistrados de las salas regionales.
“Yo sería de la idea de que fueran por concurso, en vez de por una designación política por parte del Senado, además de que las magistraturas electorales locales, que se concentraron en el anterior sexenio en el Senado, creo que deben ser producto de un análisis en cada entidad federativa. No podemos tratar como menores de edad a los estados, México es un Estado federal y hay que fortalecer el federalismo y eso, la justicia electoral, es un gran tema para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país”, apunta.
Sobre su actual responsabilidad al frente de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, destaca que en 15 meses “hemos abatido 98% de las averiguaciones previas pendientes”.
Tenemos 78% más de judicializaciones que la administración anterior, un 20% más de sentencias en procedimiento abreviado y en juicio oral, tenemos además un incremento de casi 50% en materia de cateos”, destaca el funcionario.
Detalla que en el caso conocido como La Estafa Siniestra, hasta el momento hay ocho presidentes municipales vinculados a proceso, cinco de los cuales están con prisión preventiva justificada, que han proporcionado información.
“Yo siempre he considerado que las procuradurías y fiscalías debemos ser academias de canto, nos deben de dar información para poder ir sobre los reales autores intelectuales de los casos. Esto nos permitió llegar (...) a dos directores generales, nos permitió llegar a un subsecretario, nos permitió llegar a tres secretarios de Estado, todos con órdenes de aprehensión”, resalta.
