La difusión de noticias falsas en un contexto electoral sí puede ser sancionada, ello pese a que la legislación actual requiere de algunas adecuaciones, aseguró el magistrado de la Sala Regional Especializada, Luis Espíndola.
Al participar en el Diálogo sobre Periodismo y Justicia Electoral, mencionó que existen sanciones para todo lo que se difunda de manera ventajosa y termine siendo falso.
Existen las infracciones administrativas, que son las que revisa el Instituto Nacional Electoral (INE), y luego resuelve la Sala Regional Especializada, además de las que recaen en delitos electorales que entran en el terreno de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
Espíndola puso de ejemplo las encuestas falsas, las cuales, dijo, corresponden a una infracción administrativa. Existe, agregó, una metodología que siguen el INE y los institutos electorales locales y, si ésta no es seguida por casas encuestadoras y medios de comunicación, se incurre en una vulneración.
“También podemos encontrar lo que corresponde a financiamiento ilegal, que puede ser una falta administrativa o un delito electoral, que entonces ya conoce la fiscalía especializada”, señaló el magistrado.
Cuestionado sobre la actual legislación electoral, si resulta suficiente o no, respondió que la ley tiene que ser primero aplicada y después interpretada.
“La dinámica de la evolución digital y esta situación de hiperactividad en la que actualmente nos encontramos, este ecosistema digital en el que convivimos, hace que tanto las leyes como los criterios tengan que estar acompañando esa suerte de cambios que muchas veces son vertiginosos, dada la evolución digital”, indicó.
La legislación existe, sí, pero nunca va a ser suficiente, no sólo en temas digitales, también en aquellos de naturaleza política o electoral, explicó.
“La sociedad es dinámica, es cambiante, lo mismo que la tecnología, y esos cambios van acompañados de criterios que tienen que ir cubriendo, desde luego, los principios constitucionales y procesos”, mencionó.
Expuso que se requieren adecuaciones a la legislación y, sobre todo, estar atentos a que sean acordes a la garantía de derechos humanos.
“Todo cambio debe, de alguna manera, garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, de opinión. Eso no quiere decir que adecuar la legislación a los sistemas digitales vaya en contra de la libertad de expresión, desde luego que no, siempre debe ir acompañada de una visión garantista”, expuso.
Espíndola consideró que sin duda existen muchos retos, pues en el caso de los sistemas digitales las empresas administradoras de redes sociales son privadas, tienen políticas, formas de censura, pero eso debe venir del Estado, porque, consideró, podría haber afectación a los derechos fundamentales por parte de particulares.
Pero toda reforma, apuntó, debe pasar por una mesa de trabajo incluyente.