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Tijuana.- Por utilizar su posición como director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana fue denunciado ante las autoridades Miguel Ángel Torres Ponce, por violar la Ley Electoral en apoyo a la alcaldesa de esa ciudad fronteriza, Monserrat Caballero Martínez.
El abogado denunciante, Román Antonio Aboytes Martínez, asegura que la denuncia se originó a raíz de una publicación en un periódico tijuanense titulada "Lidera Montserrat encuestas de Imerk: Miguel Ángel Torres", que destacaba la ventaja de la alcaldesa Caballero Martínez en las encuestas para la elección municipal.
También, en la denuncia se consigna que Miguel Ángel Torres Ponce habría hecho mal uso de los recursos públicos para interferir en el proceso electoral de Baja California.
Se explica en la querella que a finales de diciembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California recibe esta denuncia. El foco de la controversia es Miguel Ángel Torres Ponce, Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Ayuntamiento, es acusado de violar la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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El abogado Aboytes Martínez argumenta que Torres Ponce, al ser un servidor público, no debería usar su posición para influir en el proceso electoral; además, señala que la publicación es una clara violación de las leyes electorales, específicamente las fracciones III y IV del Artículo 11, que prohíben a los funcionarios públicos utilizar recursos, bienes o servicios del estado para favorecer o perjudicar a cualquier candidato o partido.
De acuerdo con la normatividad vigente, las acciones de Torres Ponce podrían ameritar sanciones severas, incluyendo hasta mil días de multa y una pena de prisión de al menos cuatro años. Además, se le acusa de hacer uso indebido de un medio de comunicación, con un acuerdo de publicidad con el ayuntamiento, lo que podría considerarse como un mal uso de los recursos públicos.
Esta no es la primera vez que Torres Ponce se encuentra en medio de la polémica. A lo largo de su carrera, ha sido investigado por mal uso de recursos públicos y está implicado en el saqueo de recursos naturales en Ensenada, Baja California.
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Asimismo, ha enfrentado acusaciones de censura a medios de comunicación y de descuidar sus funciones, como se evidenció durante su gestión en la difusión de las actividades del Congreso Estatal.
La situación de Torres Ponce resalta la importancia de la integridad y la ética en los cargos públicos, especialmente en periodos electorales, explica el denunciante.
El cumplimiento de la ley, por parte de los funcionarios, es fundamental para la transparencia y la equidad en el proceso democrático. Este caso sirve como un recordatorio crítico de que las acciones de los servidores públicos están sujetas a escrutinio y deben alinearse con los principios de legalidad y justicia.
La investigación en curso determinará el alcance de las implicaciones legales para Torres Ponce y podría sentar un precedente importante en la política local de Tijuana, agrega Aboytes Martínez.
afcl
