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Las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión solicitaron al Ejecutivo federal, a los gobernadores y alcaldes un programa efectivo de blindaje a todos los aspirantes a puestos de elección popular, ello ante el creciente clima de inseguridad y violencia que tiene como cifras preliminares —del 7 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021— 476 hechos delictivos contra políticos, candidatas y candidatos.
Ante ello, se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Guardia Nacional, a las fiscalías estatales de las 32 entidades de la República, así como como a las Direcciones Municipales de Seguridad Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias se garantice la seguridad e integridad física de los aspirantes a puestos de elección popular mediante protocolos y acciones coordinadas.
“Desde que iniciaron las campañas, hemos sido testigos de cómo se ha polarizado la atmósfera electoral y se ha generado un clima de confrontación social y de violencia como pocas veces habíamos visto en la vida electoral en México.
“Ha superado por mucho, de manera preocupante, el diálogo normal en la confrontación de ideas, propias de un ejercicio cívico y ciudadano en una democracia plena”, expuso el diputado federal del PRI René Juárez Cisneros.
En el punto de acuerdo turnado a comisiones se añade que el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, de Etellekt-Consultora Política, registró agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso electoral en 13% de las 31 entidades del país, así como en 321 municipios.
Las agresiones, como homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos, hasta el 30 de abril de 2021, a un mes de la jornada electoral del 6 de junio de 2021, superan en 64% las cifras de violencia en el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, considerado el más violento de la historia.
El saldo es de 443 víctimas; han perdido la vida 79 ciudadanos, de los cuales, 12 eran mujeres, a esto se suma la pérdida de vida de 25 familiares, así como de cuatro colaboradores.
Contrario al discurso oficial, subrayaron que 75% de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados eran opositores a los gobernadores de los estados.
La violencia letal contra opositores afecta en mayor medida a los aspirantes a cargos de elección municipal.
Cabe recordar el reciente caso de Abel Murrieta, exprocurador de justicia de Sonora y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, en esa entidad, y quien fue atacado con un arma de fuego el pasado 13 de mayo, cuando realizaba proselitismo en las calles de esa ciudad sonorense.
