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La disputa por quién será el gobernador interino de Samuel García en Nuevo León escaló en los últimos días ante una inédita irrupción de funcionarios estatales y militantes de Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban impedir que rindiera protesta como mandatario para los próximos seis meses el vicefiscal Luis Enrique Orozco, respaldado por el PRI y el PAN.
El gobernador García Sepúlveda dejó la campaña presidencial tres días para tratar de afianzar a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, en el cargo de mandatario interino, todo en medio de juicios, amparos, notificaciones y advertencias del oficialismo naranja y la oposición de que no cederán en su propósito de dirigir la entidad durante el proceso electoral en marcha.
En vísperas del primer minuto del 2 de diciembre, cuando García Sepúlveda dejará el cargo de gobernador, el clima de tensión aumenta ante el posible escenario de que el exvicefiscal Orozco arribe al Palacio de Gobierno arropado por la policía ministerial, mientras que Navarro se atrinchera en la sede del Poder Ejecutivo, protegido por la policía estatal conocida como Fuerza Civil.
El pasado 8 de noviembre el incidente de suspensión 2268/2023 emitido en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a Fuerza Civil custodiar y proteger a Navarro en su nuevo encargo, así como le dio la facultad de resguardar y vigilar los inmuebles en donde se encuentran las oficinas, dependencias, recintos y demás organismos que formen parte del Poder Ejecutivo estatal.
Además, indica que se le concede a Navarro una suspensión para que las policías adscritas a municipalidades gobernadas por el PRI y el PAN se abstengan de realizar actos que le impidan al secretario de Gobierno ejercer como encargado del despacho.
Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León, reiteró su postura en el sentido de que Fuerza Civil intervendrá para garantizar la permanencia de Navarro como encargado de despacho de la administración del estado.
Sin embargo, el gobernador interino, electo el pasado miércoles por la oposición en el Congreso local, Luis Enrique Orozco, también puede ser resguardado, como ocurrió durante la zacapela que buscaba evitar que rindiera protesta, por agentes ministeriales de la Fiscalía de Nuevo León, lo que podría derivar en mayor tensión.
En este contexto, el aún gobernador atizó más el conflicto y lanzó una advertencia al PRI y al PAN, así como al gobernador interino que nombraron: “No vamos a permitir un gobernador interino espurio… No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley se contradiga lo que ganamos en las urnas”, expuso en redes sociales.
En vísperas de la toma de posesión del gobernador interino designado por el Congreso local dijo: “No vamos a permitir que 26 diputados del PRI y PAN, títeres de estos mafiosos, se pongan en contra de 780 mil neoleoneses que sacaron a la vieja política”.
Con la Bandera nacional y la del estado en una oficina, García Sepúlveda, quien por momentos hablaba más como precandidato presidencial, envió un mensaje: “Esta lucha es muy importante, queremos sacar a la vieja y rancia clase política”.
En respuesta, Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, contestó: “La Constitución es muy clara: si te vas, el Congreso nombra un gobernador interino. Si no quieres que el Congreso nombre a un interino, pues no te vayas”.
Al mediodía de ayer, el gobierno de Nuevo León fue notificado de la elección de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino a partir del 2 del diciembre.
Armida Serrato, oficial mayor del Congreso, se presentó a la Consejería Jurídica del Gobierno de Nuevo León para entregar el acuerdo aprobado la víspera, pero las oficinas se encontraban cerradas a pesar de ser horario laboral.
La funcionaria legislativa pegó el acuerdo en la puerta de las oficinas y dijo que pese a no tener el acuse de recibo, entró en vigor desde el momento de su aprobación.
Derivado de la irrupción de funcionarios estatales, municipales y militantes de MC que buscaban impedir la toma de protesta de Orozco, se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación por los disturbios que se registraron el miércoles a raíz de la incursión violenta de decenas de personas al edificio del Congreso y al salón de sesiones del Poder Legislativo.
Al tiempo de rechazar que agentes ministeriales ingresaron armados al salón de sesiones, el organismo autónomo informó que derivado de la denuncia por disturbios en el Congreso, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió a indagar los hechos.
Se generó un informe policial homologado, se abrió una carpeta de investigación en el Ministerio Público, y la autoridad giró los oficios para recopilar videos y testimonios.
