La expectativa es grande en torno a : al ser la virtual ganadora de la elección en Colima se convirtió en la segunda mujer que gobernará el estado que tuvo a la primera gobernadora en la historia del país (Griselda Álvarez, de 1979 a 1985) y, además, logra la alternancia después de más de 90 años de gobiernos priistas; “no tengo derecho a fallar”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Considera que tras la jornada electoral del 6 de junio pasado la República vive un momento histórico, pues por primera vez siete mujeres podrían estar gobernando al mismo tiempo distintas entidades, por lo que están obligadas a impulsar una agenda por la igualdad en todo el país.

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¿Cómo ha cambiado la participación de las mujeres en la política desde que Griselda Álvarez fue electa gobernadora?

—Es extraordinario y al mismo tiempo un poco dramático darnos cuenta de cómo tuvieron que pasar 42 años para ver que las mujeres realmente estamos teniendo una participación activa en las candidaturas a los gobiernos estatales y en los gobiernos estatales mismos.

Es cierto que mucho tuvo que ver la definición del INE de obligar a los partidos políticos a que por lo menos siete de sus 15 candidaturas fueran mujeres.

Estamos ante un hecho histórico. De confirmarse estas seis mujeres electas gobernadoras (Baja California, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Campeche y Chihuahua), más la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tendríamos en un solo momento de la historia el mismo número de mujeres gobernadoras que las que han sido electas durante toda la historia. Desde que Griselda Álvarez fue gobernadora sólo ha habido siete mujeres electas gobernadoras y en este momento podríamos tener siete mujeres ejerciendo ese cargo. Es algo histórico y estamos obligadas a impulsar una agenda por la igualdad a nivel nacional, una agenda que permita que las mujeres estemos presentes en todas las tomas de decisiones y que muy pronto logremos estar presentes de forma natural, sin necesitar una acción afirmativa que obligue a los partidos a otorgar estos espacios.

Usted gana con un amplio margen, pero a nivel municipal hay equilibrio de fuerzas. En el Congreso, Morena tiene ligera ventaja. ¿Qué lectura da al voto diferenciado?

—Hubo una intensa guerra sucia en Colima. Es uno de los cinco estados donde no se había vivido la alternancia y hay un régimen caduco y arcaico que está bastante enraizado. Hubo un número importante de movilización y compra de voto por parte de ellos.

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Pero también tiene que ver que en los municipios donde estuvimos muy cerca de ganar no ha gobernado la izquierda y ahora Morena [lo hará], por lo que son poblaciones donde no se conoce la forma de gobernar de la Cuarta Transformación. Donde ganamos ya ha gobernado Morena o la izquierda y la población sabe cómo se trabaja con estos principios y valores, por eso es importante hacer un ejemplar gobierno estatal para que todo Colima sepa, conozca y viva lo que es tener un gobierno desde una perspectiva de honestidad, de honradez, de transparencia.

A nivel nacional, más que un voto por los otros partidos, parece que hubo un voto anti-Morena. ¿A qué lo atribuye?

—En Colima no percibo un voto anti-Morena, fue un voto anti-PRI; sin embargo, la oposición hizo un papel en el que se dividió el voto anti-PRI y en Colima tuvimos la participación de Morena, por una parte; de Movimiento Ciudadano, por otra parte; el Verde Ecologista, por otra, y eso dividió el voto anti-PRI. Sin embargo, creo que tenemos que hacer un gran trabajo para lograr concentrarnos aquellos que compartimos valores, principios e ideales para unirnos en futuros procesos electorales.

Inseguridad y economía parecen ser los problemas más fuertes de Colima. ¿Cómo piensa abordarlos?

—En Colima, la inseguridad es el tema. En los últimos 15 años han crecido las cifras de inseguridad de forma alarmante hasta ser el primer lugar nacional.

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Creemos que se tiene que abordar desde dos perspectivas: desde la contención, en la que será indispensable la coordinación con el gobierno de México, porque muchos de estos problemas están relacionados con temas del crimen organizado, pero también en coordinación con los municipios, mejorando nuestras policías. Necesitamos mejorar su presencia, su capacitación y dignificarlas, pero también tenemos que invertir mucho en la prevención, que, aunque es un camino largo, que no muestra resultados inmediatos, es el único camino seguro. Eso implica mejorar nuestro modelo educativo, acercar el deporte, la cultura y las artes a las colonias, a nuestra niñez y juventud, pero también garantizar opciones de formación en nivel superior para los que quieran seguir estudiando. Implica reactivar la economía para generar oportunidades laborales, todo eso es prevención.

¿Cómo encuentra las finanzas del estado?

—Es de los grandes retos, es evidente el desaseo financiero de los últimos sexenios. Lo que vemos en las páginas de transparencia sólo muestran un poco lo que hay por encimita; tendremos que meter orden en las finanzas públicas, hacer una auditoría para tener claro de dónde partimos, pero también para saber si hubo actos ilegales e irresponsables que se cometieron en el pasado y, si hay elementos para ello, fincar responsabilidades.

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Ha dicho que no tiene derecho a fallar. ¿Qué implica eso?

—No tengo derecho a fallar por muchas circunstancias: la primera, porque estamos venciendo 92 años de un régimen en un estado que era una de las joyas de la corona del sistema, pero además porque yo fui formada en la izquierda. Vengo de una lucha de 30 años que muchos comenzaron en la izquierda. Mi padre [Arnoldo Vizcaíno] fue el primer candidato a gobernador de la izquierda en 1991, y por supuesto que soy consciente de cuáles son nuestros retos, nuestros compromisos y por qué nos hemos mantenido durante años con esta visión, con estos principios, con esta convicción y [sé] del enorme reto que tenemos enfrente. Por eso decimos que no tenemos derecho a fallar y eso se convierte en una gran responsabilidad, estamos obligados a cumplir con la expectativa de la gente, estamos obligados a meter orden, a tener un gobierno austero, que gaste menos en los funcionarios y que invierta en las necesidades de la sociedad para llevar al estado a un equilibrio social.