Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó no generar la percepción de que esta oficina está siendo utilizada con un fin político y que todos los casos que encuentre en torno al proceso electoral en curso se denuncien después de las elecciones del 6 de junio.
Aclara que si la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Legislativo solicitan a la UIF información de alguien, “tenemos el compromiso de darla”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Nieto Castillo revela que la UIF ha analizado las campañas de todos los candidatos que compiten en las contiendas por las 15 gubernaturas que se disputarán el 6 de junio y que se ha generado un modelo de riesgo para detectar si hay dinero del narcotráfico en los procesos electorales.
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¿Cómo está trabajando la UIF para blindar esta campaña y que no se filtre dinero sucio?
—Nosotros, por obligación legal, tenemos que generar un convenio de colaboración con el INE; se hizo en septiembre de 2019 y para este proceso electoral, impulsado por la consejera Carla Humprey, logramos generar dos anexos técnicos: uno para revisar los procedimientos especiales sancionadores, incluyendo los temas de violencia política en contra de las mujeres, con la finalidad de poder determinar los recursos con los que cuenta un infractor a la normatividad electoral y poderse poner una sanción que sea proporcional. El otro fue un convenio para poder intercambiar los patrones de proveedores de candidatos a cargo de elección popular, generar un modelo de riesgo compartido, calibrar los modelos de riesgo tanto el que tiene el INE como el que tiene la UIF.
¿Esto qué ha generado?
—Al momento hemos podido generar el análisis de las 15 gubernaturas de todos los candidatos a las gubernaturas de las entidades federativas. Hemos revisado y localizado a 16 mil personas morales y físicas que pueden ser contratadas por los partidos políticos, encontrándonos 2 mil que no tienen movimientos en el Sistema Financiero, y a partir de ahí hemos generado dos casos que se han hecho del conocimiento del INE, uno vinculado con empresas fachada y otros factureros vinculados con las elecciones.
El Presidente de la República ha sido muy claro conmigo: me dijo que no quería que se percibiera que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba siendo utilizada con un fin político, su instrucción es que todos los casos se denuncien pasando el proceso electoral. Por supuesto, si la Fiscalía General de la Republica, el INE o el Poder Legislativo nos solicitan información de alguien tenemos el compromiso de darla. Su instrucción es entregar de inmediato la información, con independencia del partido político de origen, de actuar con absoluta imparcialidad, y es lo que estamos haciendo.
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¿La UIF ha detectado la presencia de algún cártel para evitar que imponga a algún candidato?
—Lo que hicimos fue generar un modelo de riesgo para detectar si hay dinero del narcotráfico en los procesos electorales. Hasta este momento, se generó este modelo de riesgo y estamos queriendo comprobar que efectivamente se trata de dinero vinculado con la delincuencia organizada; el objetivo va a ser presentar la denuncia correspondiente para que el dinero sucio no entre al proceso electoral.
¿Hay casos de irregularidades de algún candidato o bien de empresas fachada en esta campaña?
—Sí, hemos detectado dos grupos: uno operando en la alcaldía Coyoacán, otro en San Luis Potosí. Se ha hecho el congelamiento de cuentas de estas empresas con características de fachada. Las empresas eran constituidas prácticamente el mismo día. Las personas tenían características de prestanombres en razón de su edad, entre otros elementos que nos hacen pensar que no se trataba de los propietarios reales. Por supuesto, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.
¿Cuáles son las garantías para que no se presente un caso como el de Odebrecht?
—Tanto el SAT como la Comisión Bancaria de Valores y la UIF emitimos guías para evitar lo que se conoce como el cohecho internacional. De hecho, a la UIF nos tocó coordinar parte de la respuesta y tuvimos una posición favorable por parte de la OCDE respecto al combate al cohecho internacional, como es el caso de Odebrecht. Paralelamente, hemos incorporado indicadores de minería de texto en minería de datos en nuestro algoritmo y detectar si viene dinero del extranjero hacia un partido político o a alguna persona políticamente expuesta.
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Al momento hemos detectado un caso de una empresa española relacionada con un partido político mexicano que nos podría llevar a un caso de financiamiento ilícito a las campañas electorales. Por supuesto, estamos terminando la investigación, será del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, del Consejo General, para que se tomen las acciones correspondientes.
En el caso de personajes como Alonso Ancira, César Duarte, García Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya, ¿sus procesos jurídicos siguen en combate a la corrupción como el Presidente sostiene?
—En efecto. En el caso García Cabeza de Vaca presentamos tres denuncias y hemos presentado una cuarta denuncia sobre peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el caso de Carlos Romero Deschamps presentamos dos denuncias ante las instancias competentes y estamos trabajando con Estados Unidos a efecto de conseguir la extinción de dominio de los bienes obtenidos de forma ilícita.
En el caso particular de Genaro García Luna se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República y se hizo el congelamiento de cuentas, y paralelamente se está entregando la información a la DEA y a los fiscales del Distrito Oeste de Nueva York para que continúen el proceso que se sigue allá por delitos contra la salud.
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En cuanto a Lozoya, hemos presentado cinco denuncias y estamos por presentar una sexta. Se han conseguido cinco órdenes de aprehensión, de las cuales tres ya fueron cumplimentadas. No comparto el criterio de oportunidad que se le dio por parte de la fiscalía, pero tengo que reconocer que ese es el marco normativo vigente, que es lo que establece el sistema procesal acusatorio, pero creo que es importante que podamos mantener el congelamiento de cuentas de Emilio Lozoya y que evidentemente se sancione a los responsables.
La corrupción es una cruzada que ha iniciado el Presidente, pero no vamos a concluirla si no se combate también la impunidad, y la única forma de hacerlo es llevar a los responsables ante los tribunales.