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La prueba piloto para devolver el derecho al voto a personas en prisión preventiva, ejercicio derivado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyó en cinco centros federales de readaptación social y aunque se consideró, según la base de datos, a 2 mil 699 votantes, sólo aparecieron en el padrón 949, de los cuales 766 ejercieron su voto, es decir, 28.38%.
La falta de credencialización fue el principal obstáculo, explicó a EL UNIVERSAL Valentina Lloret, coordinadora de la organización civil CEA Justicia Social, situación que, dijo, deberá atenderse a la brevedad si se quiere garantizar el derecho al voto de las más de 90 mil personas en prisión preventiva durante las elecciones presidenciales de 2024.
“Lo que encontramos es que en nuestro país se puede estar en prisión preventiva por muchos años, mientras que una credencial de elector es válida solamente por 10 años. Hay un gran número de personas que llevan más de una década [en la prisión] y ya no están en la lista nominal del padrón electoral”, expuso.
La restricción a los derechos políticos de las personas privadas de la libertad está en la Constitución, en su artículo 38, y es una de las pocas normas que no se han tocado, a pesar de la infinidad de modificaciones que se han hecho a la Carta Magna desde 1917.
En 2019, dos personas en situación de prisión preventiva exigieron su derecho al voto bajo el argumento de la presunción de inocencia, lo que derivó en la sentencia del TEPJF, en la que se estableció que no se puede suspender el derecho al sufragio a quien no cuente con una sentencia condenatoria.
Además, se mandató al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar elecciones para el proceso 2024 en todos los centros penitenciarios del país.
Para afinar el protocolo comicial, desde el pasado 17 de mayo se realizó la llamada prueba piloto, en la que las organizaciones civiles detectaron que 65% de las personas en prisión preventiva no aparecieron en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin información
Además, se encontró información insuficiente para los votantes: “La que recibieron las personas se limitó a una hoja con propuestas que enviaron los partidos políticos y que los votantes pudieron ver el día de su sufragio. Son datos que reciben justo cuando abren el sobre para votar, entonces aquí tenemos también un problema de acceso a la información que limita en mucho la posibilidad de llevar a cabo un voto informado”, se especificó.
El tercer obstáculo fue la falta de observadores electorales ciudadanos: “Nosotros, como organizaciones civiles, no pudimos ingresar a presenciar la jornada de voto anticipado. Podremos presenciar las mesas de escrutinio y cómputo, que serán contados el 6 de junio, pero no pudimos estar en el proceso, sólo la CNDH pudo acceder”.
La Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue la encargada de verificar el desarrollo de la prueba piloto de votación en los centros federales de readaptación social número 11, en Sonora; el 12, en Guanajuato; 15, en Chiapas; 17, en Michoacán, así como el 16, que es femenil, en Morelos.
De acuerdo con el organismo autónomo, durante el desarrollo de los comicios “no se presentó incidente alguno, pues se efectuaron con la organización y seguridad institucional debida, generando los escenarios que permitieron que las personas en prisión preventiva ejercieran su voto de manera libre y secreta”.
Nueva puerta
El acto histórico puede abrir la puerta a que no sólo las personas en prisión preventiva puedan votar, sino que los más de 214 mil mexicanos que perdieron el derecho al sufragio al estar dentro de una cárcel lo recuperen.
Para Saskia Niño de Rivera, presidenta de la fundación Reinserta, restablecer el derecho al voto a personas privadas de la libertad por algún delito generará intereses políticos que coadyuven a fomentar el bienestar de todos los internos en reclusorios.
Además, recordó que en 2006 la presidencia de Felipe Calderón se determinó por una diferencia de 243 mil votos.
“No veo por qué una persona privada de la libertad pierda también sus derechos políticos. Devolvérselos permitiría que los políticos propongan acciones en beneficio de ese sector, cuyo voto podría inclinar la balanza con más de 200 mil sufragios, pero no sólo ellos, pues calculamos que más de un millón y medio de personas están en contacto con las cárceles en el país, son familiares cuyo voto estaría garantizado para quien voltee a ver a sus seres queridos”, concluyó.
