Morelia.— Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital de Michoacán con licencia y quien busca la reelección con la alianza PAN-PRD, es investigado por diversas irregularidades en su administración, que sumarían más de 823 millones de pesos.
Una primera pesquisa, en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es por el manejo excesivo de recursos en el ayuntamiento de Morelia, que vincularía a cuatro empresas como posibles factureras. En la segunda, la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF indagan la presunta comisión de ejercicio ilícito del servicio público, peculado, delincuencia organizada y los delitos que resulten por la adjudicación directa de 79 contratos por un monto de más de 475 millones de pesos.
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Los hallazgos en la indagatoria de la UIF apuntan a un gasto de más de 348 millones de pesos en “asesorías” de cuatro empresas.
La investigación revela que —entre 2022 y 2024— el gobierno de Martínez Alcázar contrató servicios de asesorías a las empresas Portare Servicios y Soluciones, Sánchez Díaz Soluciones Integrales S.C., Grupo Pro Gler y Soluciones de Negocios Gomo. Estas entidades no tienen en su descripción de servicios la asesoría gubernamental, lo que levantó sospechas en la UIF sobre su legitimidad.
Fuentes consultadas de las áreas federales de investigación revelan que la falta de transparencia en los procesos de contratación fue otro factor que encendió las alertas.
Explicaron que en ningún caso los contratos fueron resultado de una licitación. Además, en el portal de transparencia del Ayuntamiento no se encuentran registros de licitaciones ni contratos relacionados con estas empresas.
EL UNIVERSAL tiene copia de las facturas pagadas a dichas empresas, los montos, los periodos y los conceptos.
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En los documentos se evidencia que la administración de Alfonso Martínez pagó millones de pesos por servicios que duplican funciones que corresponden a otras áreas municipales, como la auditoría de entrega-recepción, que es —por ley— responsabilidad de la Contraloría Municipal.
Los conceptos por los que el gobierno de Morelia pagó casi 350 millones de pesos son “aplicación de procedimientos de análisis financiero, patrimonial, presupuestal y programático, a fin de obtener un panorama general del Municipio de Morelia, Michoacán, desde su estructura orgánica, funciones, legislación y demás normatividad aplicable, hasta el cumplimiento de los presupuestos y programas para obtener, de esta manera, elementos para determinar áreas de riesgo y/o muestras susceptibles de revisión de los entes fiscalizadores durante el ejercicio 2020”.
De los 348 millones de pesos, 237millones fueron pagados a las empresas Portare y Pro Gler (119 y 118 millones de pesos, respectivamente), en las que el representante legal de una de ellas es también el dueño de la otra.
Una tercera empresa —Sánchez Díaz Soluciones Integrales S.C.— cobró más de 34 millones, y Soluciones de Negocios Gomo obtuvo más de 76 millones de pesos.
La similitud en los montos en los dos primeros casos y la falta de justificación sobre los servicios prestados son investigados por la UIF, que analiza a detalle la legitimidad de estas transacciones.
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Los montos asignados a estas “asesorías” superan con creces los recursos destinados a áreas vitales para la capital michoacana.
Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un presupuesto este año de 46 millones de pesos; el Instituto de la Juventud Morelia, 4 millones; el Instituto de la Mujer Moreliana, 13 millones; el Instituto de Cultura Física y Deporte, 16 millones, y el Instituto Municipal de Salud, 10 millones de pesos, entre otros.
El presidente municipal de Morelia con licencia, Alfonso Martínez Alcázar, también es investigado por la FGR y UIF por su presunta comisión de ejercicio ilícito del servicio público, peculado, delincuencia organizada y los delitos que resulten. Al respecto, Martínez Alcázar afirmó que no ha sido notificado de esas investigaciones y que ha cumplido con lo estipulado en la ley.
Funcionarios y amigos del también candidato son acusados ante la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de lavado de dinero y uso del sistema financiero para la comisión de ilícitos.
El pasado 10 de abril, un despacho jurídico presentó la ampliación de su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, en la que señala que durante 2022 se detectaron 79 adjudicaciones directas por un monto de 475 millones 657 mil 466.69 pesos.
Se explica que 16 contratos, que ascienden a la cantidad de 48 millones 158 mil 151.002 pesos, fueron asignados de manera directa a empresas ligadas con Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, extitular de la Auditoría Superior de Michoacán, sin que las mismas hayan pasado por proceso alguno en términos de la normatividad durante 2022.
La denuncia resalta que la contralora municipal, María del Carmen López Herrejón, es pareja sentimental de Aguirre Abellaneda, quien en 2022 adquirió una casa en el fraccionamiento Paseo del Parque, de Morelia, por un valor inferior a su precio comercial.
De acuerdo con los documentos que obran en la carpeta de investigación, la funcionaria municipal compró esa propiedad a José Luis López Herrejón, quien no sólo es su hermano, sino además es contratista del ayuntamiento de Morelia, y a quien se le asignaron dos obras por 3 millones 200 mil pesos.
La querella expone que el ingreso total de María del Carmen López Herrejón, entre los años 2020 a 2022, apenas rebasa los 2.5 millones de pesos, y que pagó de contado el bien inmueble adquirido y señalado anteriormente.
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Según se desprende de la escritura que acredita la compra, la propiedad fue adquirida por un valor de 2 millones 600 pesos, circunstancia que para los denunciantes “deja en claro una total simulación de un acto de corrupción, toda vez que dicho valor no se ajusta en lo más mínimo al valor catastral que le corresponde a dicho bien”.
En la denuncia se detalla también que durante la primera administración de Alfonso de Jesús Martínez Alcázar como presidente municipal (2015-2018), y derivado de las auditorías practicadas a dicho periodo, resultaron observaciones, las cuales se solventaron en su totalidad durante 2022 por Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, entonces auditor superior de Michoacán, quien lo eximió de responsabilidades.
El documento plantea que, derivado de tales hechos, ya se investiga a 53 empresas constructoras que recibieron directamente obra pública durante el periodo 2022-2023, y que están directamente relacionadas con una posible red de corrupción —de la cual formaría parte Miguel Ángel Aguirre— ante las diferentes instancias correspondientes.
Consultado sobre este último tema, a través de sus áreas de Comunicación Social, se respondió que: “El candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez, no ha recibido ninguna notificación formal de parte alguna institución federal por presuntos ilícitos en el ejercicio de la administración pública, y respecto a lo estatal, el candidato ha cumplido y observado de forma puntual todo lo establecido por las leyes”.
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También se señala que el ayuntamiento de Morelia ha incurrido en incumplimientos de sus obligaciones en materia de transparencia durante 2023.
La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier tipo, incluida la versión pública de los expedientes y contratos celebrados, ha sido publicada sólo parcialmente.
Esto se confirma a través de diversos expedientes derivados de denuncias presentadas ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Aunque el ayuntamiento de Morelia sí publica una parte de la información, no lo hace de acuerdo con los lineamientos establecidos, ya que únicamente ha publicado la primera hoja de los contratos correspondientes al primer trimestre de 2023.