A 10 días de la jornada electoral, el INE aprobó un mecanismo para cubrir más de 800 vacantes de supervisores (SE) y capacitadores electorales (CAE), debido a las renuncias y rotación de personal, por la falta de sueldos competitivos e incluso la inseguridad en algunas zonas del país.
La discusión en el Consejo General del INE derivó en reclamos de la oposición por la política de austeridad del Gobierno federal y los recortes presupuestales al órgano electoral; Morena y aliados reclamaron nuevamente los sueldos de las consejerías, acusando que ganan más que el presidente de la República.
Las consejerías reconocieron limitaciones presupuestales para ofrecer mejores sueldos a los capacitadores electorales, pero también se confrontaron por diferencias sobre la exclusión de personas del proceso de selección por estar posiblemente afiliadas a partidos políticos.
El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, subrayó que “no se trata de una situación de riesgo, sino de casos muy focalizados en zonas específicas donde es necesario generar condiciones para que los consejos distritales cuenten con el personal necesario”.
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Expuso que si bien se cuenta con un 99.4% de la plantilla de supervisores y 98.2% de los CAE, existen zonas de responsabilidad electoral donde podrían presentar más dificultades, especialmente donde hay más de 10 vacantes de capacitadores.
La consejera Dania Ravel alertó que también ha habido renuncias por inseguridad. “Hay lugares donde hacer trabajo de campo puede llegar a ser complicado. Y también, con estas condiciones, pues en una ponderación la ciudadanía que se está inscribiendo para ser CAE o supervisor electoral deciden mejor no participar”, apuntó.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que no están ante una crisis, pero se deberá analizar esta situación al término del proceso electoral.
“Estamos ante una situación muy a tiempo de ser corregida. No se trata de espacios que nunca fueron ocupados, es la rotación propia del personal que está con nosotros en este proceso, que entra y sale como en cualquier operativo de campo”, dijo.
Al corte del 18 de mayo, había 41 vacantes de supervisores (SE) y 800 de capacitadores electorales (CAE) en todo el país, un 0.5% y 1.5% del total requerido, respectivamente.
Entre las funciones de los SE y CAE están la ubicación e integración de casillas; preparación y distribución de la documentación a las presidencias de las mesas de casilla; mecanismos de recolección; sistema de información del desarrollo de la elección; operativo de campo del conteo rápido y el PREP.
En el primer escenario, se propone contratar a personas que ya se desempeñen como supervisores o capacitadores locales, para que realicen las funciones a nivel federal.
En el segundo, se propone usar la lista de reserva de CAE y SE locales; el tercero, se propone que estos capacitadores locales apoyen en las actividades a nivel federal, sin un proceso de contratación con el INE de por medio.
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El cuarto escenario, que es la última opción en caso de continuar las vacantes, se considerará la inclusión del personal del órgano electoral.
El senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza, acusó que el asedio presupuestal al INE es parte de una cultura de “austericidio” que se refleja en estas problemáticas.
“Estas son parte de las consecuencias de ir intentando disminuir, acosando y debilitando a la autoridad electoral. Aquí están las consecuencias concretas a 11 días de la elección”, señaló.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, puso sobre la mesa nuevamente el tema de los salarios de los consejeros, acusando que ganan más que el presidente de la República en contraste con el pago a los CAE.
El consejero Uuc-kib Espadas lanzó reclamos tanto a los partidos como a sus colegas: “se desfondó económicamente el Instituto Nacional Electoral y por eso no podemos contratar CAEs con precios justos. Por otro lado, la paranoia de una de una invasión (de afiliados a partidos) que nunca existió, llevó a bloquear la contratación de muchas personas dispuestas a realizar este trabajo”.
“Hay cosas que se están haciendo mal de un lado y cosas que se están haciendo mal del otro y las señalaré de bando y bando”, remató.
El consejero Jaime Rivera reviró que culpar al INE de la deserción de una parte de los CAE “es una falsedad normativa, pero también es un disparate aritmético porque los aspirantes a CAES que tuvieron impedimento por su afiliación partidaria fueron apenas el 1.5% del total de aspirantes”.
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La consejera Claudia Zavala respondió que de las quejas contra personas que aspiraban a ser capacitadores electorales, en mil 561 casos se determinó que no cumplían con el requisito por estar afiliados a algún partido político.
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