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La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó medida cautelar, vía tutela preventiva, contra las autoridades de la capital para que se abstengan de retirar, modificar o dañar cualquier tipo de propaganda impresa, gráfica o electrónica que se exhiba en la alcaldía Iztacalco, en la que se promocione a los partidos políticos y candidaturas que se encuentran participando en el proceso electoral, siempre y cuando dicha propaganda se encuentre colocada, fijada, pegada o exhibida en los lugares permitidos.
La medida se deriva de una queja promovida por la candidata plurinominal a diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Elizabeth Mateos Hernández, del supuesto retiro indebido de propaganda electoral colocada presuntamente en lugares permitidos.
En sesión urgente, la comisión recordó que los políticos y candidatos podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda de campaña en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas; en inmuebles de propiedad privada, con el permiso escrito del propietario; y en lugares de uso común; y no podrán utilizar para adherir o pegar la propaganda con materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano, o cualquier elemento que dificulte su remoción.
La consejera electoral Sonia Pérez Pérez, integrante de la citada comisión, destacó que “la medida determinada, al considerar que sienta un precedente en el actual proceso electoral, toda vez que garantiza el principio de equidad en la contienda y el derecho de la ciudadanía a conocer las diferentes propuestas políticas que participan en la misma”, razón por la cual dicha determinación debe ser atendida por los servidores públicos del Gobierno capitalino, sus secretarías y dependencias, así como las 16 alcaldías.
En caso de que dicha propaganda se encuentre colocada en lugares prohibidos, las autoridades del Gobierno de la Ciudad o alcaldías deberán hacerlo del conocimiento de la autoridad electoral, de la manera más expedita aportando los elementos de prueba correspondientes.
EL UNIVERSAL dio a conocer que el informe estadístico de quejas y denuncias del IECM reveló que ya suman 240 demandas de las que destacan dos contra el Presidente de México, seis contra la jefa de Gobierno, 58 contra funcionarios de alcaldías; 51 contra diputados locales y 16 contra partidos políticos.
Entre las denuncias están actos anticipados de precampaña y campaña; promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos; uso indebido de programas sociales; y violencia política de género, por lo que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas inició procedimientos especiales sancionadores.
