A un día de la del 2 de junio, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la FGR, exhortó a la población a denunciar si observa irregularidades o presiones a la ciudadanía para votar por determinado candidato o partido político, ya que estos actos son sancionados penalmente.

Recordó que los ciudadanos que se consideren afectados o cualquier persona que tenga conocimiento de alguna conducta ilícita que vulnere la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pueden presentar sus denuncias en los sistemas de atención ciudadana: FISETEL (800 833 7233), donde serán atendidos por alguno de los más de cien operadores telefónicos, y FISENET, al entrar al sitio de internet .

También, indicó la Fiscalía, pueden acudir a la Ventanilla Única de la FISEL o a las sedes de la FGR en los 32 estados del país, donde el personal de se encuentra atento de la jornada electoral en las que se renovarán más de 20 mil cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República, senadores y diputados federales.

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló que es muy importante que, de ser posible, los ciudadanos cuenten con el mayor número de datos del ilícito y evidencias, como pueden ser , para que los ministerios públicos puedan configurar las denuncias en una carpeta de investigación.

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Destacó que además de la compra del voto, hay otras conductas ilegales como hacer uso de los programas sociales federales con fines político-electorales, interferir en el desarrollo normal de las elecciones, así como del escrutinio y cómputo; votar más de una vez; introducir o sustraer boletas electorales de las urnas o rellenarlas con boletas falsas.

De igual forma, añadió que es motivo de causa penal hacer proselitismo el día de la jornada electoral o en alguno de los tres días anteriores a la misma, recoger sin causa justificada credenciales de elector, apoderarse o destruir cualquier material electoral, obstaculizar o interferir en el traslado de los paquetes electorales, impedir la apertura o el cierre de casillas, publicar encuestas o sondeos y trasladar personas con la intención de influir en el sentido del voto.

Señaló que no solo los candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios electorales y servidores públicos están obligados a cumplir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sino todas las personas en general, ya que las sanciones van desde multas hasta prisión.

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