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Amnistía Internacional México, Fundación para la Justicia y el Grupo Argentino de Antropología Forense denunciaron que en México el gobierno utilizó el sistema de justicia penal para investigar y espiar a tres defensoras de derechos humanos en 2016.
Las activistas que fueron espiadas son la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la directora del Grupo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida del Estado mexicano por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, ya que se encontraban indagando las masacres de San Fernando, Tamaulipas, entre 2010 y 2011.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República, realizó en 2016 una investigación judicial indebida, y espionaje ilegal en contra de tres defensoras que realizaban investigación de las fosas de San Fernando”, dijeron las organizaciones. La SEIDO interceptó sus comunicaciones telefónicas y geolocalización, sin sustento de evidencias suficientes que mostraran su relación con algún delito.
Representantes de las organizaciones subrayaron, en conferencia de prensa, que las autoridades responsables no han sido procesadas por las presuntas violaciones a derechos humanos que cometieron contra las defensoras.
Además, Amnistía Internacional documentó cómo personal de la SEIDO desvió recursos de la investigación para espiar a Delgadillo Pérez, Turati y Doretti, quienes desde sus disciplinas buscaron documentar la verdad de los hechos, la identidad de las víctimas, acabar con la impunidad en el caso y obtener justicia para las víctimas.
“Utilizaron de manera indebida el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada, personal de la SEIDO de la PGR, quien solicitó ilegalmente información de telecomunicaciones, estableció a quiénes llamaron y dónde estuvieron, pidió ilegalmente sus datos personales y escritos para analizar sus firmas, y espió a las defensoras, sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorización judicial.
Las tres fueron espiadas e investigadas dentro del expediente de averiguación previa en el que se rastrea a los responsables de las masacres de las fosas clandestinas de San Fernando; el tomo 221 de dicho expediente, detalla el informe de Amnistía Internacional.
Agentes de la SEIDO de la PGR realizaron también diligencias de rastreo sin darles la calidad de “imputadas”, y sin realizar la notificación de la acusación en su contra ni de qué las investigaban. “La documentación y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes violan los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender derechos humanos, a la no discriminación y al debido proceso”, recalcó Amnistía Internacional.
Ante esto el organismo multilateral recomendó una reparación integral por el daño ocasionado a las víctimas, incluyendo garantías claras de no repetición para otras personas defensoras, peritos independientes y periodistas, además de una disculpa pública por las afectaciones causadas por la investigación indebida y el espionaje.
