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Quienes trabajamos en Ciudad de México podemos comprobar todos los días una paradoja cruel: una enorme comunidad vibrante, trabajadora a más no poder, y a su lado, un Metro que se cae a pedazos, baches por todas partes, drenajes deteriorados que están por cumplir 100 años. Es decir, una energía laboral inmensa —cada vez más educada— que labora sobre una infraestructura física obsoleta.
De modo que la fuente de pobreza de la Ciudad no son principalmente sus ingresos, la pobreza es de carencias, falta de agua, de servicios médicos e interminables horas en transportes tortuosos.
Los chilangos vivimos y trabajamos sobre una base material que fue construida hace 50 años o más y por ese envejecimiento, nuestra Ciudad no ha podido dar el salto decisivo al siglo 21.
¿Porqué no ha ocurrido? Porque los gobiernos —especialmente el actual— han preferido financiar los programas sociales quitándole recursos a la salud, a la educación, al agua. El dinero líquido que nos dan como apoyo, es el dinero que nos quitan para ejercer nuestros derechos.
¿Quiere decir que hay que cancelar los programas sociales? Por supuesto que no. Quiere decir que deben reafirmarse, mejorar, al mismo tiempo que se consolidan los bienes públicos que el Estado ofrece. Sostengo que la Ciudad no alcanzará el grado de desarrollo para el que ya está lista, si no camina sobre esas dos piernas: programas sociales sí, al mismo tiempo que se fortalecen derechos y servicios públicos sostenidos por una nueva fiscalidad.
Pero eso sólo puede ocurrir si la urbe retoma el crecimiento económico, una agenda abandonada por este gobierno que lejos de desarrollar iniciativas propias, se dedicó a ser eco de las manías presidenciales.
Volcado a consentir a sus clientelas, con una inversión en infraestructura material muy inferior a la que necesitábamos, sin políticas de estímulos ni a empresas ni al empleo y con decisiones que inhibieron la participación privada (como la repentina interrupción de la construcción en 2019), la actual administración precipitó la economía de la Ciudad a niveles que no se veían desde 1995. Y la débil respuesta a la pandemia lo empeoró todo: de 2019 hasta 2023, durante 13 trimestres, la economía de la Ciudad se contrajo y no recuperamos el nivel de empleo sino hasta 30 meses después. Por eso, afirmo, ninguna política social tendrá resultados duraderos si no es acompañada de una poderosa política económica para el crecimiento.
Ni Morena ni la alianza PRI-PAN han podido ni querido plantear una política económica para la Ciudad, más allá de especular con los usos de suelo. Dado su tamaño y su poder económico, la Ciudad está en condiciones de hacerse de una batería de instrumentos serios: atracción de inversiones, inversiones directas del gobierno, financiamiento a negocios, banca de desarrollo propia, incentivos, créditos, proyectos de intervención masivos en zonas estratégicas, cambio energético, protección a la empresa, política de formalización (trabajadoras del hogar por ejemplo), promoción de sectores específicos, nuevos tipos de industria.
La política económica de la CDMX está llamada a ser un claro contraste frente a la apuesta neoliberal y populista que ya han probado su fracaso e insuficiencia. No podemos ni debemos seguir por la misma ruta.
Esta Ciudad merece un gobierno enfocado hacia la modernización y el desarrollo integral de quienes aquí habitamos. Es imperativo invertir considerablemente en infraestructura urbana a largo plazo, redistribuir equitativamente los recursos para asegurar que todos los sectores de la sociedad se beneficien del progreso económico y social de esta Ciudad. Es, también, necesario fomentar el crecimiento económico que garantice la sustentabilidad ambiental a la vez que aseguramos los servicios públicos de calidad para el presente y futuro. La dignidad de la empresa, el diálogo social y la transparencia deben ser pilares fundamentales en un marco que garantice nuestros derechos y libertades. Ahí radica mi objetivo, en hacer que esta Ciudad llegue de una vez por todas al siglo 21.
