El candidato a diputado local por el Partido del Trabajo, Luis Guillermo Benítez Torres fue interceptado al salir del debate público entre contendientes de las diversas fuerzas políticas, celebrado en Mazatlán, por personal de la Auditoria Superior del Estado para hacerle entrega de una notificación, la que se negó recibir.
Los auditores esgrimieron que tuvieron que esperarlo en el Centro de Convenciones a que concluyera el debate entre los candidatos a la diputación por el XXII Distrito Electoral Local, en virtud que en domicilio que se tiene registrado del político, las personas que ahí se encontraban les externaron que no lo conocen.
El personal de la Auditoria Superior del Estado le insistió en que les firmara de recibido la notificación de un enorme legajo de fojas que llevaban consigo, a lo que el político, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de daño patrimonial a la hacienda municipal de Mazatlán, se negó y les pidió que vieran a sus abogados.
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Benítez Torres, quien el octubre del 2022, solicitó licencia con carácter definitiva para separarse del cargo de presidente municipal del puerto, ante la denuncia recibida por la Fiscalía General del Estado en su contra, por la adjudicación de un contrato de 400 millones 864 en compras de lámparas Led, sin licitar a un sobre precio.
El aspirante a diputado local por el partido del Trabajo, se dolió de ser objeto de una persecución política por su postura, luego de que como morenista tuvo que dejar la alcaldía y enfrentar un proceso judicial por un supuesto quebranto económico al ayuntamiento.
Bajo la causa penal 640/2023, se imputó a Benítez Torres, el extesorero municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, José Daniel Tiznado Zamudio, exdirector de obras públicas, el exoficial Mayor, Javier Lira González y el exsecretario del ayuntamiento José de Jesús Flores Segura, el delito de desempeño irregular de la función pública.
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La parte acusadora, acreditó que los funcionarios municipales celebraron dos contratos con la empresa Azteca Ligtning, uno de ellos suscrito en el mes de octubre del 2021, por la cantidad de 34 millones 971 mil pesos, por la adquisición de 198 luminarias led.
Un segundo contrato celebrado con la misma empresa privada fue en el mes de marzo del 2022, por la compra de dos mil 139 lámparas led, por un monto de 400 millones 864 mil pesos, que según criterio de la Sindica Procuradora el precio fue excesivo.
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