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Por unanimidad y al grito de “¡3 de 3, ningún agresor al poder!”, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley 3de3 contra la violencia, para establecer en la Constitución local que violentadores de mujeres ni deudores alimentarios accedan a un cargo público o candidatura.
Este dictamen establece que ninguna persona que cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo sicosexual podrá acceder a un cargo público o ser postulado a un puesto de elección popular.
Tampoco podrán postularse aquellos que cuenten con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
También estarán impedidos quienes se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que acrediten estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
Al presentar el dictamen, Diego Garrido, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, afirmó que esta reforma es una conquista ciudadana y del Congreso local, que atiende al mandato de la reforma constitucional federal del 29 de mayo del presente año, y armoniza los ordenamientos locales con aquellos que esclarecieron que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, una de las promotoras de esta iniciativa, destacó que esta es una conquista más del movimiento feminista que durante décadas ha librado una batalla, en todos los frentes, por erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar una vida de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
“Nosotras, desde los diversos espacios, en las organizaciones sociales, la academia, el activismo y los cargos públicos, continuamos con orgullo esta responsabilidad de hacer que se oigan las voces de las mujeres, para eliminar las relaciones opresivas de género para combatir la exclusión de las mujeres, y para desterrar todas las formas de violencia que la cultura patriarcal realiza en contra de nosotras”, apuntó.
Al razonar su voto, la legisladora Gabriela Quiroga recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la Ciudad de México y construir un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
