Bruselas.— Ante la presión ejercida por las redes criminales en los procesos de elección popular, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos en su conjunto mantienen una posición de indiferencia, alertaron expertos convocados por el International Institute for Strategic Studies (IISS).
Consideraron que autoridades y partidos en México, en vez de cerrar filas ante la violencia política, el enfoque que ha prevalecido ha sido el de preservar los intereses partidistas y no la integridad de los procesos electorales y la seguridad de los candidatos.
El IISS convocó a un grupo de expertos para explorar el complejo nexo entre el narcotráfico, el crimen organizado, la captura del Estado y los procesos electorales en América Latina.
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“En México, los partidos políticos han sido negligentes y prácticamente no han hecho nada”, afirma Mónica Serrano, investigadora asociada del IISS de Londres.
Afirmó que pese a la violencia y los riesgos que enfrentan algunos candidatos, los partidos suelen mantener sus apuestas de campaña tratando de capitalizar las tragedias, en lugar de tomar acciones dirigidas a impartir justicia y garantizar la no repetición.
“Ni la autoridad electoral, ni los partidos políticos están haciendo algo para evitar que el candidato sea perseguido por la delincuencia organizada o los actores criminales busquen una carrera política”.
Si bien es difícil detener la tendencia, por el poderío de fuego y económico de los grupos delictivos, Serrano sostuvo que hay instrumentos que podrían servir como mecanismos de contención.
Los expertos dijeron que los candidatos más expuestos son los que aspiran a una jefatura municipal, debido a que es el cargo de mayor utilidad para el narco. Son los que facilitan las operaciones volteando hacia otro lado, y sus tarifas ante el soborno son menores a las de oficiales estatales y federales.
“La dimensión local es más importante que la federal, de allí que el caso de García Luna [jefe de la disuelta Agencia Federal de Investigación, procesado en Estados Unidos por varios delitos relacionados con narcotráfico] sea la excepción en América Latina”, dijo Raúl Zepeda Gil, sociólogo y politólogo de la Universidad de Oxford.
Añadió que la intromisión del narco en los procesos electorales no tiene el objetivo de hacerse del control político, como ocurrió en el pasado con los grupos insurgentes. La finalidad es moldear las políticas para preservar o amplificar el negocio criminal.
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“La participación del crimen organizado en la política de América Latina está dirigida a cambiar la política del gobierno y no a gobernar”, enfatizó Zepeda Gil.
El fenómeno tampoco es aislado, forma parte de varias dinámicas de contención para preservar el negocio ilícito. Estas incluyen el asesinato de policías, fiscales, jueces, periodistas y activistas.
Durante el encuentro, los analistas hablaron sobre la militarización y su uso político en temporada electoral. La tendencia en América Latina es una en expansión ante la popularidad de las Fuerzas Armadas. En México, 72% de la población confía en el Ejército.
“Son populares porque la gente piensa que son la solución a todo. Se les ve como una enorme fuerza logística y no corruptible, pero no es así, hay corrupción y mala gestión”, indicó Zepeda Gil.
Puso como ejemplo el caso del gobierno de López Obrador, que ha usado al Ejército para construir muros, carreteras, aeropuertos y trenes, repartir libros y vacunas.
Insistió en que el problema radica en la concentración de las tareas públicas en manos de los uniformados y la ausencia de supervisión de una autoridad civil.
En cuanto al programa de protección de candidatos, los analistas enfatizaron que ha incumplido su objetivo, debido a que sólo puede ser activado cuando hay amenaza y entra en operación muy tarde.
Como ejemplo se habló del caso de Bertha Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, asesinada en un acto de campaña en San Miguel Octopan.
Sostuvieron que por su posición estratégica y su papel en el tráfico de narcóticos, Colombia, México y el Triángulo Norte de Centroamérica han sido tradicionalmente los más afectados por la violencia criminal en tiempo electoral.