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El presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar fraguando un autogolpe de Estado al afirmar que la oposición apuesta por un “fraude electoral” a través del Poder Judicial, en caso de que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, pierda la elección del próximo 2 de junio, aseguraron constitucionalistas y expertos en derecho electoral.
Consultados por EL UNIVERSAL, señalaron que el Jefe del Ejecutivo federal es quien pone en riesgo el proceso electoral con su intervención, pese a que la Constitución se lo prohíbe, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo se sujetan a lo que ordena la Carta Magna y las leyes.
Francisco Burgoa, doctor en Derecho, dijo que son “sumamente graves y preocupantes” las afirmaciones del presidente López Obrador, porque no tienen un sustento jurídico y su único objetivo es ir generando la posibilidad de desconocer los resultados oficiales del TEPJF, encargado de validar y calificar la elección presidencial.
“Creo que el Presidente, al final, lo único que estaría a lo mejor generando es estar dejando abierta la posibilidad de que él pudiera generar un autogolpe de Estado, es decir, que él mismo desconozca la Constitución y las autoridades que de ella emanan, hablando específicamente del Poder Judicial de la Federación (PJF), eso sería gravísimo, y un autogolpe de Estado, que de ninguna manera podríamos nosotros llegar a un escenario de esa naturaleza”, expresó.
“Yo diría que el Presidente de la República está generando esta narrativa para que, en caso de que llegásemos a tener un escenario en el que ganara la elección presidencial Xóchitl Gálvez, entonces él impulsar esa narrativa y decir: ‘Ven lo que les dije, saben qué, vamos a desconocer los resultados’. Yo creo que esa es la narrativa a la que el Presidente está apostando”, apuntó.
Para Javier Martín Reyes, doctor en Derecho Constitucional y Electoral, López Obrador es quien pone en riesgo: “Si alguien está poniendo en riesgo la validez del proceso electoral, no es ni el Poder Judicial, ni el INE, ni los árbitros electorales en general, es el Presidente con este comportamiento irresponsable y contradictorio”, explicó a EL UNIVERSAL.
Indicó que López Obrador tiene una “confusión brutal” porque los servidores públicos no tienen derechos y libertades cuando están ejerciendo su cargo, y en sus conferencias, el Titular del Ejecutivo federal no tiene libertad de expresión, sino obligaciones constitucionales.
“Esa es una posición mentirosa, tramposa del Presidente de la República, nadie le está violando su libertad... él podrá ejercer su libertad de expresión en materia política cuando no esté desempeñando el cargo”, subrayó y añadió que si hay algo que se le tenga que reprochar al INE o al TEPJF es que han sido laxos con el presidente López Obrador y “no han logrado idear la manera de ponerle un freno.
“Creo que en diferentes momentos han dudado, y eso ha hecho que el Presidente vea que no hay consecuencia al momento de violar la Constitución y la ley. Hay un problema estructural, porque siento que ni el INE, ni el TEPJF tienen dientes para sancionar al presidente López Obrador”, insistió.
El doctor en Ciencia Política, Mauricio Merino Huerta, advirtió: “El riesgo que yo sí advierto es que el Presidente está preparando una situación crítica, un argumento muy delicado en caso de que el resultado electoral le sea desfavorable. No lo veo reconociendo la derrota electoral, creo que no aceptaría perder, así de simple, porque no es Claudia Sheinbaum quien está compitiendo, es López Obrador”, subrayó.
Merino Huerta criticó que López Obrador participe todos los días en el proceso como el candidato real del oficialismo y exigió que las autoridades electorales emitan sanciones sobre esta conducta presidencial que está prohibida e incluso podría considerarse como un “delito electoral”, porque está prohibido usar recursos públicos para modificar el resultado electoral: “Nada más que quien lo persigue es el fiscal de delitos electorales, que es de su propia gente”.
“La Constitución lo prohíbe y el Presidente la está vulnerando con su conducta; intervenir en el proceso electoral, usar recursos públicos para modificar el sentido del voto, atacar a las oposiciones o respaldar a su partido, vender libros desde su espacio público, todo eso está prohibido, no hay ninguna duda. Si lo hiciera otra persona que no fuera Presidente ya hubieran sancionando”, advirtió el especialista.
