Más Información
Los seis magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron al presidente de ese órgano, José Luis Vargas, de atentar en contra de la autonomía e independencia con que cuentan.
Ello, porque el pasado martes, a través de un oficio, el presidente del TEPJF pidió a magistradas y magistrados que ante la suspensión de las sesiones privadas —previas a las públicas—, se debe dar a conocer, mediante formatos elaborados, el sentido de los votos en cada uno de los asuntos a tratarse de manera pública.
“La petición que nos ha sido formulada atenta contra la autonomía e independencia con la que nos encontramos revestidos como juzgadora y juzgadores, en razón de que se nos pretende delimitar la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”, expresaron magistrados en una carta dirigida al presidente.
La misiva está firmada por la magistrada Janine Otálora, y los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata. Rechazaron la petición formulada, porque se trata de algo sin fundamento legal, dijeron.
“Atenta contra nuestra independencia y autonomía que, como juzgadora y juzgadores, tenemos en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado; independencia y autonomía garantizada en los artículos 94 y 99, en relación con el 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expusieron.
Añadieron que la petición formulada en el oficio puede inducir o incurrir en una responsabilidad, ya que se pide adelantar la emisión de un voto antes de discutir los asuntos listados en la sesión pública de resolución.
“La petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado, como lo es esta Sala Superior. La petición de enviarle al secretario General de Acuerdos el sentido de nuestros votos, antes de la sesión pública de resolución, supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional, o bien, de la deliberación judicial resulta irrelevante o es innecesaria en un tribunal constitucional de cierre”, subrayaron.
Destacaron que respecto a la advertencia que se hace, de que en caso de que no se dé a conocer el sentido de los votos las sesiones podrán ser suspendidas, la magistrada y los magistrados aseveraron que no sólo se denota que la Secretaría General de Acuerdos a cargo del magistrado presidente está abdicando de su responsabilidad que le asigna el artículo 20 del reglamento interno, sino que puede entorpecer el buen desarrollo de la sesión pública de resolución.
“Por las razones anteriores, es que consideramos que no es atendible la solicitud que nos ha sido enviada, porque no cuenta con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que nos rigen como juzgadora y juzgadores, es por eso que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuestas y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”, indicaron.
La magistrada Mónica Soto envió un oficio por separado, en el cual también expresó su desacuerdo con la medida.
A través de su colaborador Ernesto Santana Bracamontes, la magistrada Soto Fregoso justificó que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el voto se reserva hasta que se someta a discusión y se recabe la votación durante la sesión pública.
