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Rectores de 187 universidades públicas y privadas del país pedirán al próximo Presidente de México un “cambio estructural” para la educación superior porque “ya no es suficiente hacer más de lo mismo”.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demanda diseñar una política de Estado enfocada en el desarrollo de la educación superior, puesto que generar 127 mil nuevos lugares para los jóvenes al año resulta insuficiente. Propone que las oportunidades educativas pasen de 37% en 2018 a 50% en 2024.
Sobre el déficit, crisis y desequilibrio financiero que “ha alcanzado situaciones insostenibles” en algunas instituciones, por los esquemas de jubilación y pensiones, se sugiere contar con “apoyos financieros emergentes” para tener universidades sanas en seis años.
En Visión y Acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional, documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL en su última versión de trabajo, los rectores plantean “un cambio estructural” del sistema a partir de cinco ejes: gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento.
Las líneas de política se presentarán a los candidatos a ocupar la Presidencia de la República en la reunión que se ha pactado con ellos los próximos días 3 y 4 de mayo. Ahí los rectores afirman que “ya no es suficiente hacer más de lo mismo, incorporando sólo algunas mejoras. El reto es actuar de manera innovadora y creativa al servicio de la sociedad, de los estudiantes y de las comunidades locales”.
En el mensaje de presentación del documento, que hace un diagnóstico de la situación del sistema, el secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda, enfatiza sobre ello: “Estamos convencidos de que ya no es suficiente continuar haciendo mejor y más de lo mismo. Tenemos que repensar nuestro proyecto educativo”, afirma.
Reconoce que se han hecho importantes esfuerzos en el país para incrementar la cobertura educativa; “sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer, ya que advertimos signos de rezago respecto a los promedios internacionales”.
Advierte que “el desarrollo del futuro del país depende de las decisiones que tomemos ahora”, y para ello lanza la invitación para construir una agenda estratégica para mejorar “significativamente la calidad de la educación”.
Las iniciativas
Sobre los cinco ejes el documento indica que se requiere un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional, que facilite la movilidad y mejore los niveles de gobernanza; que se establezca un acuerdo entre los gobiernos federal, estatal y las instituciones para ampliar la oferta educativa, pero también para reducir la deserción.
De la propuesta general de los rectores, destaca la creación de un sistema nacional para la evaluación y acreditación de la educación, y que sean las instituciones las que promuevan el desarrollo regional y una “sociedad más próspera, democrática y justa”, además de que se concerte una nueva política de financiamiento con visión de Estado que dé certeza a las instituciones.
En el objetivo 4.5 de la propuesta sobre la certeza jurídica y presupuestal, los rectores afirman que “el Estado será el principal responsable del financiamiento de la educación superior y se alentará la inversión complementaria de particulares”.
Se impulsará la diversificación de fuentes de financiamiento, se procurará una mayor corresponsabilidad en las aportaciones de los gobiernos estatales y se “diseñará una estrategia de alcance nacional para resolver a mediano plazo de manera definitiva el déficit financiero y los problemas estructurales que aquejan a las instituciones públicas de educación superior, particularmente en los asociados al reconocimiento de las plantillas académicas y administrativas y a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales”.
Los retos
Ello implica actualizar por año los estudios actuariales de los sistemas de pensiones de las universidades estatales y “completar en 2019 los diagnósticos de las universidades públicas estatales que hayan acordado con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales participar en un programa de apoyo financiero y reordenamiento”.
Los rectores asumen que la situaciones deficitarias son “resultado de prácticas poco responsables de las autoridades universitarias, de las organizaciones gremiales y de las propias administraciones estatales, al haber pactado prestaciones laborales por encima de lo establecido en la ley”.
Otra de las razones de la situación financiera, argumentan, es que el crecimiento de la matrícula y con ello las obligaciones laborales, la creación de plantillas de profesores ha provocado que alrededor de la mitad de las instituciones opere con algún grado de déficit que las lleva a negociaciones cíclicas ante la secretarías de Educación Pública, de Hacienda, de los congresos estatales y el federal, además de los gobiernos locales.
Más discrepancias
Una discrepancia más del presupuesto es su desarticulación con el crecimiento de espacios educativos. La expansión muestra que mientras de 2009 a 2016 la matrícula creció 51%, el gasto federal aumentó 18%, lo que impactó en el promedio del gasto por alumno.
La inequidad en la inversión por alumno va desde los 118 mil pesos que en promedio reciben instituciones federales como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 56 mil pesos en el caso de las universidades estatales; 37 mil pesos los institutos tecnológicos federales; 29 mil pesos para los descentralizados y 24 mil pesos para las universidades tecnológicas y las politécnicas.
Para garantizar la certeza de operación, insisten en crear un esquema plurianual presupuestario para la educación superior, bajo lo que denominan un “nuevo pacto para el financiamiento”.
El propósito de la iniciativa, señala ANUIES, es participar de forma activa “en la construcción de un proyecto de nación que incida en la solución de los grandes problemas nacionales y contribuya, a su vez, al desarrollo sustentable, a reducir la desigualdad social, a aumentar la competitividad y erradicar la pobreza que lacera a millones de mexicanos”.
Para impulsar la educación de equidad y calidad proponen distribuir becas a todos los estudiantes de instituciones públicas, “provenientes de hogares situados en los cuatro primeros deciles de ingreso monetario (...), cuyo monto les permita permanecer y concluir con sus estudios en condiciones de equidad”.
Sobre las oportunidades educativas para los jóvenes, el documento plantea la necesidad de que al cierre del próximo sexenio la cobertura en este nivel educativo pase de 37% en 2018 a 50% en 2024 y a 60% en 2030.
“En 2024 alcanzar una tasa bruta de cobertura de 50% a nivel nacional, con una disminución gradual de las brechas interestatales [y] una tasa bruta de cobertura para los estudiantes provenientes de hogares en los primeros cuatro deciles de ingreso monetario de 22%, con especial atención a la población indígena”, señala.
También propone reinstalar las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (Coepes) para coordinar la creación de nuevas instituciones, junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores que impulsen el desarrollo social y económico de las regiones, y la creación de un espacio para el reconocimiento de planes de estudios.
