En medio de la violencia que se vive en el proceso electoral en curso los tribunales están llamados a contribuir a generar un ambiente de paz , estableció la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora .
La magistrada explicó que las elecciones deben de ser una de las vías para contener la violencia y consolidar la paz, por eso “las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo ; de este tamaño es nuestra responsabilidad y estaremos a la altura para que éste y todos los procesos electorales tengan lugar en paz, orden y libertad”.
En el Foro de Análisis Interamericano: Retos hacia una paridad de género libre de violencia Otálora Malassis destacó por eso la responsabilidad de quienes ejercen un cargo de impartición de justicia.
Esto porque la paz no es sólo a la inexistencia de conflictos violentos, sino “la presencia de justicia e igualdad, vinculado a la garantía de los derechos humanos, los órganos jurisdiccionales electorales tenemos un gran potencial para hacer posible la paz”.
En cambio la violencia de cualquier forma no tiene cabida en una democracia pues merma la confianza de la ciudadanía y genera un ambiente de inseguridad, “en el que existe el temor de ser objeto de un acto que altere el curso del proyecto de vida, porque, ocurra o no, ese temor es por sí mismo un generador de violencia que determina las decisiones que toman las personas, y los costos sociales, económicos y políticos son muy altos.
“Las elecciones deben de ser una de las vías para contenerla y así consolidar la paz. Las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo; de este tamaño es nuestra responsabilidad y estaremos a la altura para que éste y todos los procesos electorales tengan lugar en paz, orden y libertad”, insistió en el evento, realizado en privado.
Ahí la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso indicó que se ha avanzado en pro de la paridad libre de violencia con diversas jurisprudencias en las que no solamente se protege el acceso de las mujeres a los cargos, sino que se impulsa su permanencia al emitir medidas cautelares y medidas de protección, es decir, dando garantías completas al ejercicio de los derechos político-electorales de todas las mujeres en México.