Intelectuales
y sociedad civil estadounidense exigen a su Congreso en Washington neutralidad en las elecciones a efectuarse el 1 de julio en México .
En una carta dirigida al Senado y a la Casa de los Representantes, más de 100 intelectuales y líderes de la sociedad civil en Estados Unidos externaron también la permanencia de prácticas fraudulentas en México y cuestionan el papel que ha jugado Washington en materia de promoción a la democracia en América Latina.
“Es importante que México, uno de los aliados y socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, goce de una democracia auténtica, en la que la ciudadanía pueda hacer pleno ejercicio de su derecho al voto en libertad, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras”, escriben intelectuales y líderes de las sociedad civil.
En el texto las personas involucradas instan a los senadores y los diputados de los Estados Unidos a “[…] hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y promueva las normas fundamentales de la democracia.”
La misiva contiene citas recientes de amenazas a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho a la protesta en México, así como el uso de software de espionaje por parte del gobierno mexicano para vigilar a activistas y el papel que ha jugado el gobierno en el encubrimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
Además se destaca como la proliferación de la corrupción y de crímenes violentos pone en peligro la libertad del sufragio en México, señalando en particular que: “[…] las recientes elecciones estatales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila demostraron que la permanencia de prácticas fraudulentas se mantiene como un grave problema en el México de hoy.”
Los firmantes llaman al Congreso de Estados Unidos a respaldar plenamente la celebración de elecciones democráticas en México “[…]condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violación a los derechos humanos, promoviendo una transición pacífica del poder, e insistiendo en el estricto cumplimiento de la normatividad electoral” así como manteniéndose alerta con respecto al proceso de selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México.
En este contexto recordaron lo acontecido al caso de Honduras el año pasado, y en México en 1988 y 2006, “[…] el gobierno estadounidense se apresuró en reconocer y apoyar resultados electorales que estaban bajo sospechas graves […]”. En este contexto, la carta llama.
Entre los intelectuales que participaron en la carta destacan Gilbert M. Joseph, profesor de historia de la Universidad Yale y ex presidente de la Asociación de Estudios de América Latina; Mary Kay Vaughn, profesora de historia en la Universidad de Maryland y presidenta de la Conferencia de Historia Latinoamericana; Bruce Ackerman, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Yale; Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute for Technology; Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del Woodrow Wilson Center for International Scholars y presidente de la Association for Borderlands Studies; y Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York y miembro de la American Academy de Artes y Ciencias.
Mientras que los líderes de organizaciones de la sociedad civil se sumaron a la causa Laura Carlsen, Directora del Programa para las Américas del Centro para Políticas Internacionales (CIP); Mark Weisbrot, Co-director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR); Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA); Ted Lewis, Director de Derechos Humanos en Global Exchange; y Manuel Pérez Rocha, del Instituto de Estudios Políticos (IPS).